En ocasiones anteriores hemos hablado en este blog de Alienación Parental para definir el problema, hablar del origen del término y de los perniciosas secuelas que causa en el menor a nivel moral, emocional, psicológico y de desarrollo de su personalidad.

En esta ocasión trataremos la intervención de distintos recursos en defensa del favor filii (interés superior del menor) en los casos en que exista esta manipulación al menor para predisponerlo en contra del otro progenitor, todo ello con el fin de probar esta situación.

Como ya comentamos, la legislación vigente no prevé ningún tipo penal específicamente destinado a castigar este tipo de conductas de los progenitores en separaciones conflictivas, de hecho el Consejo General del Poder Judicial desaconseja hablar del Síndrome de Alienación Parental en procedimientos judiciales. Pero esto no excluye que estos hechos se puedan castigar por otras vías existentes en el Código Penal.

Para poder hacerlo, tendremos que acudir a un tipo penal genérico, como es el maltrato habitual en el ámbito doméstico tipificado en el artículo 173.2 CP que castiga al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre los integrantes del núcleo de convivencia familiar, entre ellos los descendientes,  con pena de prisión de seis meses a tres años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años. Todo ello sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se agrava la pena (mitad superior) cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima.

En el propio apartado 3 del artículo en estudio se establece que para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

Para saber en qué casos es aplicable este tipo penal se exponen las siguientes consideraciones derivadas del estudio de jurisprudencia sobre el mismo y la Circular 1/1998, de 24 de octubre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar:

  • En cuanto a la habitualidad, varias sentencias del Tribunal Supremo establecen que no se precisa de un número tasado de actuaciones lesivas (las SSTS 927/2000, de 24 de junio, 1208/2000, de 7 de julio y 1366/2000, de 7 de septiembre), exigiendo por contra, que se pruebe la creación por el sujeto activo de un clima de violencia reiterada en el seno familiar.
  • En cuanto a la proximidad temporal, no se dará maltrato habitual cuando entre las diferentes agresiones medie un lapso corto, por ejemplo: tres o más agresiones producidas en dos horas. Ni tampoco cuando entre los diferentes actos violentos medie un prolongado espacio de tiempo. Se ha de estar a las circunstancias de cada caso.
  • Si en la denuncia se relatan varios hechos violentos, se conocerá de todos ellos en un único procedimiento. El procedimiento tendrá por objeto tanto el delito del art. 173.2 como cada uno de los concretos delitos en que se haya materializado la habitualidad, en concurso real (art. 76.2 CP y 988 LECrim).
  • Si los diversos hechos lesivos hubieren sido denunciados en cada ocasión y se detectara, a través de consulta del Registro Central para las Víctimas de Violencia doméstica (donde se incluye cualquier condena o medida de seguridad en la materia) o de cualquier otro modo (en la exposición de la víctima), que existen denuncias previas por otros hechos de violencia, el agente que recibe la denuncia deberá acumular todas las causas en una sola para que sean conocidos los hechos conjuntamente (art. 17.5 LECrim).
  • Para apreciar habitualidad hay que tener en cuenta cada uno de los hechos cometidos, tanto en el caso de que éstos hubieran prescrito, de acuerdo con la STS 927/2000 (no se impondrá pena); como si se hubieran condenado previamente, de acuerdo con la STS 1356/2001 (no incurre en el principio de NON BIS IN IDEM).
  • Según la Circular FGE además, el delito contra la integridad moral del art. 173 puede castigar aquellas conductas (no calificables como graves) que, en tanto reiteradas o sistemáticas, realizadas habitualmente y consideradas en su conjunto, terminan produciendo dicho menoscabo grave a la integridad moral.

Este tipo de delitos, como muchos de los que se producen en el ámbito de la intimidad familiar, presentan una especial dificultad probatoria, dado que la manipulación de los menores suele producirse sin testigos, por lo que para poder comprobarlos es recomendable llevar a cabo una serie de actuaciones previas a la denuncia:

  • Acudir a los SEAFI de los Servicios Sociales municipales cuando se detecte este comportamiento para que estudien (educadores sociales, psicólogos, etc.) una intervención con las partes implicadas, y en su caso, una posible declaración de situación de riesgo para el menor. Los servicios sociales municipales citarán a los implicados para informarse sobre el caso para desarrollar una intervención en protección del menor, que puede tener dos resultados:
    • Que el otro progenitor alienador acuda a la llamada del departamento, con lo que se procederá al estudio y valoración de la situación del menor, proponiéndose una estrategia de intervención, que puede derivar a su vez en:
      • Que el progenitor se atenga a las indicaciones del departamento para evitar que se siga produciendo esta conducta. Con lo que la situación quedará resuelta sin necesidad de su judicialización, lo que sería lo mejor para las partes, especialmente para el menor.
      • Que el progenitor boicotee la intervención de los expertos de servicios sociales.
    • Que el otro progenitor no acuda a la llamada del departamento, cosa que podría interpretarse negativamente, como otro indicio de la manipulación del progenitor alienador, pudiéndose solicitar informe de este hecho así mismo.

Independientemente de lo sucedido se podrá solicitar informe de lo observado por los expertos, y que puede dejar constancia de lo ocurrido y la posible manipulación del menor por parte del progenitor, y de los efectos que ésta esté causando.

  • Aconsejar al progenitor discriminado dejar constancia de las interacciones con el otro progenitor y con el menor, si es que existen, para poder aportar posteriormente en sede judicial todos los comportamientos que formen parte de la estrategia de manipulación, tales como amenazas, coacciones, insultos, etc.
  • Solicitar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad su comparecencia en la entrega del menor en cumplimiento del convenio regulador de visitas, para comprobar que el progenitor manipulador no entrega al menor al progenitor discriminado, cosa que suele ser muy común en las estrategias de manipulación referidas. Para que se pueda comprobar que el progenitor manipulador está perjudicando la relación paterno-filial. Y que dejen constancia de todo lo aducido por el progenitor alienador para no entregar al menor.
  • Con todo lo actuado personarse en dependencias policiales o judiciales para interponer denuncia por maltrato psicológico habitual, teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente en el análisis del tipo penal. Si hay testigos de este maltrato, citarlos en la denuncia.
  • Si no se ha podido llevar a cabo intervención en servicios sociales municipales, es recomendable solicitar durante el procedimiento judicial la exploración psicosocial del menor, y del resto de implicados, para probar por este medio que se le está sometiendo a situación que afecta gravemente a su integridad moral y psicológica, producida voluntariamente por uno de los progenitores.
  • Aportar informes de actuaciones policiales y de los trabajadores del SEAFI al procedimiento judicial.

La mediación (en cualquier momento del procedimiento) podría ser una solución para poner fin al comportamiento del progenitor manipulador, pero si la situación se perpetúa y se observan graves afectaciones en el menor, se podrá solicitar por el progenitor discriminado (o proponer por los servicios sociales municipales) el cambio de custodia basado en una situación de riesgo para el menor.

Pongamos por ejemplo que un progenitor haga comentarios a su hijo cada vez que éste tiene que marcharse con su otro progenitor, tales como “no te quiero”, “no quiero saber nada más de ti”, “no quiero que seas más mi hijo”, “vete de esta casa con tu padre y no vuelvas más”; o del tipo “me voy a suicidar”, “estoy aquí sola”, “dame un beso, que no me vas a ver más”. Todo ello a gritos, causando en su hijo menor una situación de desasosiego, estrés, intimidación y alteración grave cada vez que esto ocurre. Acreditada porque el menor está siendo tratado por servicios sociales municipales, y siendo testigos de estos comentarios los agentes actuantes.

Pues bien, se podrían realizar diligencias por un presunto delito de maltrato psicológico habitual al menor, haciendo constar en las mismas el estado del niño cuando se producían estos episodios, la actitud manipuladora de la persona denunciada (en este caso fue la madre) ante la presencia de los actuantes, el miedo del padre a presentar denuncia, las agresiones, insultos y amenazas que sufría el padre ante los agentes actuantes en los intercambios del menor, etc. En definitiva, cualquier información que pueda ayudar a corroborar el maltrato al menor. Muy importante hacer constar en la denuncia que se está llevando a cabo un seguimiento por parte de servicios sociales municipales para que el juzgado recabe de éstos la mayor información posible sobre el caso, para adoptar una medida cautelar si fuera necesario.

Además, en el caso anterior el menor ha sido presuntamente víctima de dos delitos leves de coacciones del artículo 171.3 (que deberían ser castigados independientemente del delito de violencia doméstica como hemos explicado antes): fuera de los casos anteriores, el que causare a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.  Que se agrava (localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses) cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173. En estos casos no será exigible la denuncia de la persona agraviada.

En estos casos donde el progenitor manipulador emplea en su estrategia insultos, amenazas al menor, coacciones, o incluso agresiones físicas, etc. podremos recurrir al procedimiento descrito en este artículo para su persecución. Pero la estrategia de alienación también (y en su mayor parte) consiste en la manipulación psicológica del menor para predisponerlo en contra del otro progenitor con mentiras y engaños sobre éste, por lo fácil que resulta influir en el menor dada la maleabilidad de su inmadura personalidad. Encontrando este comportamiento un difícil encaje en un tipo penal mencionado en su actual redacción.

Por lo que considero que para evitar todas estas piruetas jurídicas, habría que realizar un estudio serio sobre la posible tipificación dentro del artículo 173 un subapartado específico para castigar esta materia. Creo que están lo suficientemente acreditados desde el punto de vista psicológico, las secuelas que el comportamiento manipulador ocasiona al menor, y por mi experiencia profesional creo que es una situación bastante común en casos de separación y divorcio.

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