Puede que la mayoría de personas que lean este artículo desconozcan en realidad las funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad encargados del seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que vamos a intentar clarificarlas desde su origen, es decir, desde la denuncia.

En la actualidad, en la mayoría de los casos, la denuncia por un hecho relacionado con la violencia de género se lleva a cabo en sede de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, esto es, Policía Nacional y Guardia Civil, en los Servicios de Atención a la Mujer (SAM) y en los Equipos de Mujer y Menor (EMUME), que son (respectivamente) las unidades especializadas de ambos cuerpos en materia de violencia de género.

A partir de este momento, la denunciante pasa a ser “controlada” por estas unidades, cuya primera función es establecer el riesgo que sufre esta mujer, lo que se denomina valoración policial del riesgo (VPR), lo que se lleva a cabo en el mismo acto de la toma de denuncia, para lo cual recaban información mediante 16 indicadores (o preguntas tasadas) disponibes en el Sistema de seguimiento Integral de los casos de Violencia de género (aplicación VIOGEN) relacionados con:

  • La existencia de violencia física o sexual o amenazas.
  • El empleo de armas.
  • El quebrantamiento de medidas cautelares o penas.
  • Tendencias suicidas.
  • El abuso de sustancias estupefacientes.

Este riesgo puede ser de 5 niveles:

  • No apreciado.
  • Bajo.
  • Medio.
  • Alto.
  • Extremo.

Dependiendo del nivel de riego establecido, se llevarán a cabo unas medidas de protección de la víctima de manera obligatoria y otras potestativas o complementarias, de las que se informará a la propia víctima. También se llevarán a cabo nuevas valoraciones para mantenter actualizada la evaluació del riesgo, es lo que se denomina valoración policial de la evolución del riesgo (VPER), periódicamente de acuerdo con el nivel de riesgo incial.

Si el nivel de riesgo cambiase en el control periódico del mismo, se deberá informar a la autoridad judical del hecho antes de 24 horas.

Todo ello de acuerdo con la Instrucción 10/2007 de la secretaría de Estado de Seguridad, aprobada según mandato del artículo 31 de la LOVG, por la que se aprueba el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la Mujer en los seguimientos de la L.O. 1/2004 de 28 de diciembre y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal. Reformada por la instrucción 5/2008.

Hay que añadir que despúes de un repunte de casos de violencia de género a principios del 2014 se llevó a cabo una reunión interministerial para tratar el tema de la modificación de los indicadores del riesgo, pero en la actualidad todavía no se han concretado.

El sistema incluye la posibilidad de cambiar, a criterio del agente y de manera justificada, la valoración resultante de contestar los indicadores, siempre para elevar el riesgo, nunca para bajarlo, lo que deja en definitiva la valoración del riesgo a la propia intuición y arbitrio del policía, y su eventual preparación en la material.

Creo que esto no debiera ser así, pues estamos tratando con los derechos fundamentales de los actores implicados en el problema, como son el derecho a la vida e integridad física y mental de la víctima, y el derecho a la libertad del presunto autor del maltrato, que se ve limitado en ciertos aspectos, como vemos en el cuadro de abajo.

No olvidemos que aunque se puedan tomar medidas cautelares contra el encausado durante el procedimiento, éste goza de la presunción de inocencia, y estas medidas deben ser justificadas y proporcionales, y no se debarían cargar esta responsabilidad sobre el agente, sin que éste tuviera una adecuada formación en predicción del riesgo.

Hay que decir que los ítems para la detección del nivel de riesgo están bastante limitados (no son suficientemente precisos para determinar el riesgo de reincidencia en maltrato que puede sufrir una mujer), y no tienen nada que ver con la exactitud de otros instrumentos para la predicción de la reincidencia en violencia en pareja, como podría ser el SARA (Spouse Abuse Risk Assessment) o el B-SAFER.

De hecho la mayoría de las mujeres víctimas mortales por violencia de género del año 2014 habían sido catalogadas entre los riesgos “no apreciado” y “medio”.

Si a esto le añadimos la posibilidad ya comentada de que el agente pueda elevar el nivel de riesgo a voluntad, y la imposibilidad de contar con criminólogos (profesionales en la material de predicción del riesgo) en dependencias policiales por carecer de presupuesto, creo que es de vital importancia formar adecuadamente a los policías en la materia. Sé que estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero creo que es de justicia comentar este extremo por las consecuencias de nuestras acciones.

Es de esperar que finalmente, después de transcurrido un determinado tiempo prudencial sin otros incidentes, el nivel de riesgo vaya dismiuyendo paulatinamente hasta alcanzar el no apreciado, tras el cual se puede dar de baja definitiva a la víctima en la aplicación VIOGEN, finalizando el agente el seguimiento de la mujer víctima.

También se puede finalizar el seguimeinto cuando se extingan las medidas cautelares de protección de la víctima, lo que puede ocurrir en los siguientes casos:

  • Por absolución del inculpado.
  • Por sobreseimiento del caso, que a su vez puede venir originado, entre otras causas, por:
    o Negativa a declarar de la víctima.
    o Existencia de pruebas que aconsejen el archive de la causa.

NIVELES DE RIESGO ESTIMADO Y MEDIDAS POLICIALES DE PROTECCIÓN A ADOPTAR

Los niveles de riesgo bajo, medio, alto y extremo conllevarán, además de sus medidas de protección específicas, la aplicación de las previstas para los niveles anteriores que no se encuentren implícitas en ellas.

Pero hay que recordar que los Cuerpos de Policía Local también pueden desempeñar funciones en materia de protección de mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido la colaboración y coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los cuerpos de Policía Local en lo que a protección de víctimas de violencia de género se refiere, se ajusta a lo dispuesto en protocolo suscrito por el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de 13 de marzo de 2006. Y puede ir desde la mera realización de los seguimientos a petición de Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policia, hasta toma de denuncia e instrucción de los atestados y la investigación. Todo ello dependiendo del acuerdo alcanzado con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género correspondiente.

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