Análisis de la normativa en materia de maltrato

La LOVG es una norma que se ha caracterizado por haber estado rodeada de polémica. Ya en su fase parlamentaria, aunque fue aprobada por unanimidad, la discusión en torno a esta norma generó división de opiniones muy marcadas. Y desde su entrada en vigor se le han planteado numerosos recursos de inconstitucionalidad.

Incluso el Consejo de Estado en su informe de carácter global favorable, no dudó en criticar la no inclusión de los hijos, las referencias directas a la mujer como víctima en materia penal, o la no inclusión de las CCAA e instituciones involucradas en la materia.

Otra de las críticas más severas realizadas fue llevada a cabo por el propio Consejo General del Poder Judicial, en cuyo informe de junio del 2004 sobre el proyecto de ley, realizó entre otras las siguientes objeciones:

5ª opta por una marcada judicialización de las soluciones.

6ª No se juzga acertado que regule sólo la violencia sobre la mujer: una ley integral debe abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica.

7ª La mujer no obtiene mayor protección por el hecho de que la ley la  proteja tan sólo a ella, excluyendo de su ámbito a menores, ancianos o, incluso, al hombre.

8ª La llamada discriminación positiva llevada al ámbito penal y judicial conduce a la censurable discriminación negativa. En estos ámbitos se parte de situaciones de igualdad: nada se añade a la tutela judicial de la mujer el hecho de excluirse a los hombres de la tutela de los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

10ª Es objetable constitucionalmente que pasen a delito las amenazas y coacciones leves sólo cuando el ofendido sea mujer.

11ª Que esos delitos se basen tan sólo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la ley su intencionalidad, lleva al derecho penal de autor, incompatible con la Constitución.

12ª El tipo agravado de lesiones se basa en la presunción de inferioridad de la mujer, sin que tal regla se aplique a menores, ancianos o minusválidos, todos ellos susceptibles también de ser víctimas de violencia doméstica.

13ª Es positivo que se vaya a una especialización mayor en  los órganos judiciales siempre que su objeto sea conocer de todo el fenómeno de la violencia doméstica.

14ª  Carece de justificación crear una nueva categoría de juzgados sólo  para mujeres, lo que lleva a una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Si los órganos judiciales no pueden crearse por razones de raza, ideología, creencias, tampoco pueden serlo por razones de sexo.

18ª  Las reglas de competencia no pueden basarse en el sexo de la víctima ni en la intención del agresor. De ser así se llegará a situaciones absurdas en las que un mismo hecho, con unos mismos sujetos, puede ser competencia de órgano s diferentes por esa intencionalidad lo cual se apreciará siempre al final y no al inicio de las actuaciones.

Es cierto que la actual legislación contra el maltrato, ha logrado la visibilización de la violencia que ha venido sufriendo la mujer en sus relaciones sentimentales (una violencia olvidada históricamente como problema social), lo cual ha supuesto un avance, sobre todo en lo que a lucha contra el maltrato a la mujer se refiere.

Pero ello no ha significado la solución definitiva al problema del maltrato, porque el abordaje legal del problema no está planteado desde un punto de vista inclusivo y global, sino más bien, desde un punto de vista específico, concretado en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas integrales para la protección de las víctimas de Violencia de Género (LOVG), la cual presenta las siguientes carencias:

  • No considera los casos de violencia en parejas homosexuales (gays, lesbianas) y transexuales. Lo que ha sido continuamente reprochado por estos sectores.
  • No considera los casos de maltrato de mujer a hombre. Dotando de mayor entidad jurídica y especial protección a los cometidos por hombre sobre mujer. Es peligroso caer en la tentación de generalizar, y establecer como norma, que un “género” (por sexo) instrumentaliza la violencia para mantener su preponderancia sobre el otro, en el ámbito de las relaciones de pareja, en todo caso.
  • No considera víctimas a las personas a cargo de los sujetos pasivos del delito, es decir, según la LOVG, los menores e incapaces a cargo de la persona maltratada no tienen la consideración de víctimas de maltrato. Aunque este extremo está siendo bien resuelto por la emergente normativa autonómica en la materia, como es la ley de la Generalitat Valenciana, y se presume sea introducido en breve en la propia LOVG.
  • Al ser una norma de castiga un determinado tipo de maltrato (el cometido sobre la mujer en las relaciones de pareja por su condición de Mujer), no considera el resto de maltratos existentes en el ámbito familiar, como son el maltrato al menor, a los ancianos, y el maltrato filio-parental. De incidencia suficiente como veremos más adelante.

Y si a todo ello sumamos que no ha conseguido su objetivo original, que era reducir el número de mujeres muertas por maltrato (que continúa en niveles prácticamente idénticos a los anteriores a la entrada en vigor de la ley), no hay razón para no plantear una nueva normativa.

Pues en materia de maltrato intrafamiliar, las mujeres no sólo mueren a manos de sus parejas. Pero es que además, no sólo mueren mujeres en este ámbito, también son víctimas los hombres, los menores, los ancianos etc.  Y para atestiguarlo, se presentan los siguientes datos:

Los datos

Hombres fallecidos en el ámbito doméstico

(según autor):

Mujeres fallecidas en el ámbito doméstico

(según autor):

1 2
Fuente de datos: Anuarios estadísticos Ministerio del Interior
Tablas que se concretan en la siguiente gráfica: También se presentan los ilícitos penales cometidos sobre los hombres y las mujeres:
3 4

Para leer correctamente los datos de esta última grafica hay que tener en cuenta que:

  1. Se observa un aumento de faltas cometidas sobre las mujeres desde el año 2000, debido a que se computan nuevos ilícitos.
  2. En 2002 vuelve a aumentar considerablemente los ilícitos, porque en esta ocasión se incluyen en el cómputo muchos más delitos.
  3. A partir del año 2004 la tendencia delitos/faltas se invierte pasando a haber más delitos que faltas, debido al cambio de tipificación de conductas por la LOVG.
  4. Posteriormente a la aprobación de la LOVG, continuaba el aumento de ilícitos (delitos cometidos sobre la mujer), por el mismo motivo, la inclusión de nuevos casos en el cómputo total de ilícitos.

En los cuadros y gráficas anteriores queda patente la relevancia de la incidencia de muertes de varones y mujeres en el ámbito familiar, así como de los ilícitos cometidos en el ámbito familiar sobre mujeres y hombres. En ellos apreciamos la magnitud global del problema de la violencia intrafamiliar (ya antes de la aprobación de la LOVG), por lo que no se entiende que no se tuviera en cuenta a la hora de legislar en la materia.

A lo que hay que añadir que en la actualidad, los datos oficiales sobre maltrato doméstico son bastante escasas, ya que a partir del año 2007 los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior dejaron de incluir paulatinamente datos importantes relativos a violencia doméstica, y pasa a ser el Consejo General del Poder Judicial el que, por medio del Observatorio Estatal para la Violencia de Género y Doméstica, se encarga de informar sobre la materia, facilitando mucha menor cantidad de datos de lo que se hacía inicialmente.

Y una vez puesto en conocimiento el alcance del problema del maltrato intrafamiliar, no se entiende tampoco este cambio de tendencia de las instituciones implicadas en la forma de informar sobre el maltrato.

Atendiendo a lo expuesto, no es de extrañar que muchos expertos en la materia, propongan en la actualidad la creación de una norma contra la violencia intrafamiliar, que incluyera la prevención y el castigo de todos los tipos de violencia en este ámbito, es decir, el maltrato al menor, a los ancianos, el maltrato filio-parental, y la violencia en pareja  (en la actualidad sin normativa específica que los regule). Lo cual no parece muy descabellado atendiendo a normativa comunitaria y comparada (como la existente en EEUU) como veremos posteriormente.

Una norma que en el caso concreto de la violencia en pareja, considerara todas las posibilidades existentes, de acuerdo con la definición criminológica del concepto.

Según Ana Isabel Cerezo Domínguez, criminóloga de reconocida reputación, se puede definir como violencia en pareja, “todo tipo de actos o comportamientos abusivos, sean éstos físicos, psíquicos o sexuales que, llevados a cabo de modo reiterado por parte de la persona a la que la víctima está o ha estado vinculada sentimentalmente, con el fin de ejercer un control sobre ella, produzcan un resultado perjudicial para la misma, siendo indiferente la entidad del daño causado o su naturaleza”.

Una definición ésta, antes científica que ideológica, exenta de matices de sexo (o género), y más inclusiva que la aproximación “de género” (restringida únicamente a un tipo de violencia), y que incluye todos los tipos de maltrato existentes en el ámbito de la pareja.

Es un hecho palmario, que la concepción de familia actual ha cambiado ostensiblemente hacia la heterogeneidad, existiendo en la actualidad gran variedad de modelos familiares (familias monoparentales, matrimonios homosexuales). Ninguna familia, cualquiera que sea su condición, está exenta de la aparición de violencia en su seno. En este contexto se está produciendo una situación que genera una gran polémica, cual es la desigualdad de protección de las parejas homosexuales en relación con las heterosexuales (la normativa actual sobre maltrato no incluye su protección especial), lo que ocurre también con el colectivo de los transexuales.

No hay que olvidar que entre el 5 y el 10% de la población mundial (según estadísticas) se declara homosexual. Ello supone que en España podríamos estar dejando en la actualidad sin protección específica contra el maltrato a hasta 5 millones de personas, aproximadamente.

Algo parecido ocurre con los transexuales, los cuales hasta el momento sólo se considera  como sujetos pasivos del artículo 153 CP cuando hayan conseguido el cambio en la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil (Tratado en la ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas).

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

A lo largo del presente artículo se ha venido analizando la pertinencia de la aprobación de una normativa estatal contra todo maltrato en el ámbito intrafamiliar.

En este punto hay que informar al lector de que España es firmante de un convenio aprobado en Estambul el 11 de mayo de 2011, en el cual se establecen una serie de obligaciones para los estados firmantes en relación a la protección y ayudas a las víctimas de violencia a su entrada en vigor, para lo cual se precisa la ratificación de al menos diez países, siendo requerido que ocho de ellos sean estados miembros del Consejo de Europa.

El mayor avance del mismo es el reconocimiento de la existencia de todas las violencias posibles tanto en el ámbito familiar como fuera de éste. En el artículo 3 del convenio se definen los conceptos violencia doméstica, violencia contra la mujer, y violencia contra las mujeres por razón de género. Destacaremos lo siguiente:

Violencia doméstica: ”todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito  comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima”.

-Víctima:”toda persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en los apartados a y b (violencia sobre la mujer y violencia doméstica)”.

Como podemos observar, en ambas definiciones no hay distinción en torno al sexo de la víctima de violencia en el ámbito familiar.

En el propio convenio se establecen una serie de obligaciones a los estados miembros en lo que a todos los tipos de violencia reconocidos en el mismo se refiere:

  • Protección del derecho de las personas a no sufrir violencia (aa 4 y 18).
  • Prevención, investigación y castigo (Art 5).
  • Realización de campañas de sensibilización (Art 13).
  • Recogida de datos y estadísticas, apoyo a la investigación y realización de encuestas (Art 11).
  • Inclusión en la legislación de obligación de apoyo a la víctima e información y asesoramiento en materia jurídica, psicológica, financiera, servicios sociales, alojamiento, acceso a empleo, etc.
  • Concesión de indemnizaciones (art 57).

No se entiende como siendo España uno de los firmantes del convenio, y a pesar de haberlo ratificado recientemente, no haya adecuado ya su legislación para incluir los aspectos enumerados.

Ley contra la violencia doméstica en EEUU

La concepción de aproximación propuesta en este artículo al problema del maltrato doméstico ya ha sido adoptada en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Su ley para la prevención de la violencia en pareja y doméstica fue aprobada en 1994, y establece como violencia doméstica los “delitos graves o delitos menores de violencia cometidos por el cónyuge actual o anterior de la víctima, por persona con quien la víctima comparta un hijo en común, por persona que cohabite o haya cohabitado como cónyuge con la víctima, por persona en situación similar a la de cónyuge de la víctima protegida por leyes de violencia doméstica o familiar que reciba subvención, o por cualquier otra persona contra adulto o víctima joven, protegidos por las leyes de violencia doméstica o familiar”.

Como se puede observar fácilmente, este es un concepto bastante más amplio y global que el que se maneja en España. Además, en la definición inglesa del concepto aparecen términos como adult, person, child, youth, victim, partner…de género (gramatical) neutro en lengua inglesa, lo que indica el carácter inclusivo y global de la norma.

Esta ley fue modificada en el año 2000 y posteriormente en el 2005 para incluir una cláusula de no exclusividad, reconociendo el carácter de víctima al hombre:

“Nada en este título se interpretará como prohibición a los hombres víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual y acecho para recibir beneficios y servicios bajo este título”.

Y recientemente se ha producido una nueva reforma de la misma en la que se ha incluido como sujetos de protección a los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Queda patente la transición que se está produciendo en otras partes del mundo (como EEUU) hacia políticas de protección contra el maltrato en el ámbito intrafamiliar globales e inclusivas. Y en su redacción se aprecia los 10 años de adelanto en su aprobación y experiencia en su aplicación.

La conclusión del presente artículo es que si España es firmante (y ha ratificado)  normas europeas que regulan todo el maltrato intrafamiliar, si en otras partes del mundo hay normas que lo regulan en su totalidad, y si el maltrato doméstico (independientemente del sexo de la víctima) tiene la suficiente magnitud como para legislar en aras de su erradicación.

¿Por qué no aprobar una norma en estos términos?

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