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La dinámica del caso tipo suele ser una pareja formada por dos personas de distinta nacionalidad que residen en el país de origen de una de ellas. Uno de los progenitores se marcha a su país llevándose con él al hijo(s) de ambos sin el consentimiento del otro progenitor, y no los restituye, incluso en contra de resoluciones judiciales, con el presunto fin de protegerlos por el maltrato que ha sufrido el propio progenitor o los menores, normalmente denunciándolo después. No se trata de un caso aislado, como se puede observar en este artículo: Las otras Juana Rivas que se llevaron a sus hijos y fueron condenadas.

¿Estamos ante un secuestro parental o ante un progenitor que quiere poner a sus hijos a salvo de una situación de maltrato?

El análisis de estos casos es sumamente complejo, y no se puede afrontar desde la aproximación populista de considerar que en todo caso un condenado por delito de maltrato (maltratador) no puede ser buen padre, o buena madre (cualquiera que sea el ilícito cometido) y hay que retirarle automáticamente la custodia e incluso la patria potestad de los menores o personas a su cargo, para evitar estas huidas.

Deberíamos evitar esta óptica simplista, y abordar el tema desde un análisis profesional especializado en materia de maltrato, dado que se trata de una cuestión muy delicada, sobre todo en violencia de género, cuya legislación vigente adelanta la protección del sujeto pasivo hasta el punto de considerar maltrato el hecho de causar a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad del artículo 147.2 (delito leve de lesiones), o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, de acuerdo con el artículo 153.1 CP.

En dicho análisis habría que valorar las circunstancias específicas de cada caso, entre otras, las siguientes:

  • El tipo de maltrato sufrido, que puede ser físico, psicológico, sexual, económico, etc.
  • Gradación del maltrato. Si las lesiones son graves o leves.
  • Su cronificación. Si la condena es por un delito de maltrato de obra puntual o por un delito de maltrato habitual.
  • Extensión de los malos tratos a los menores.
  • Antecedentes del autor.
  • Adicciones, y psicopatologías diagnosticadas del autor.
  • El nivel de riesgo de reincidencia.

Tambien hay que tener encuenta que hay muchas medidas para proteger a los menores en caso de existencia de malos tratos en un núcleo familiar, que pueden ir desde limitar las visitas con los progenitores agresores, hasta la retirada de la patria potestad, pasando por la realización de visitas tuteladas en un Punto de Encuentro Familiar.

Pero, la adopción de cualquier medida en este sentido ha de ser valorada por profesionales formados en la materia y en defensa del interés superior del menor, no por uno de los progenitores unilateralmente. Lo contrario sería disponer a voluntad de los derechos del menor. En este sentido el trabajo de los criminólogos especializados en maltrato podría ser de gran ayuda a los jueces en la toma de decisiones relacionadas con estos delitos.

En el artículo 225 Bis CP se establece la sustracción de menores (que solo puede ser cometida por aquellos protenitores que no ostenten la custodia):

1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:

  1. El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
  2. La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

En la concreta Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granda contra Juana Rivas se ha tenido en cuenta que:

Cuatro tribunales ordenaron la restitución de la custodia de los menores al padre en Italia en varias ocasiones:

  • Tribunal de Cagliari (de acuerdo con el Convenio de la Haya).
  • Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Granada.
  • Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Granada.
  • Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Granada.

El juez ha dado más veracidad a las exploraciones psicológicas de los menores que no han encontrado afectación psicológica por malos tratos tanto a ellos como a la madre, que a los que hablan de situación de maltrato. En unos casos por carecer de fundamentación metodológica adecuada, y en otros por llevarse a cabo la exploración únicamente sobre uno de los implicados (la denunciante).

El juez sí ha tenido en cuenta los antecedentes por maltrato existentes, así como la reanudación de la convivencia posterior al episodio de maltrato aislado acreditado.

Además, cree que la denuncia por malos tratos interpuesta por Juana Rivas responde al objetivo de que los menores no sean restituidos a su ex pareja en Italia, dado que la interpone encontrándose ya en España, cuando ya había tomado la decisión de no volver a Italia, en un contexto de separación o divorcio, y sin haber presentado ninguna otra durante el periodo de convivencia en Italia. No dando veracidad a la misma dado que la acusada no aporta siquiera datos indiciarios para su comprobación.

Alguno de estos argumentos de la sentencia condenatoria podría ser discutibles desde un punto de vista de aplicación jurídica de la perspectiva de género exigida actualmente por algunos sectores, tales como la reanudación de la convivencia, la no presentación de denuncia en Italia, o la falta de pruebas de maltrato, que podrían explicarse desde esta óptica respectivamente por la dependencia emocional de una víctima de maltrato, la dificultad de la misma en denunciar, o la dificultad probatoria de este tipo de delitos al producirse en el ámbito privado. Pero para el Juez no han quedado acreditadas estas situaciones atendiendo a las circunstancias del caso en su globalidad y ha optado por no considerarlas, o al menos eso se desprende de su sentencia.

En ella también se hace referencia a numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional y otros juzgados en cuanto al delito de sustracción de menores, dándose los elementos del tipo en sus dos primeros apartados en este caso, según el juez.

La sentencia también tiene en cuenta la gravedad de los hechos, dado el periodo de tiempo que el padre ha sido privado de los menores y las graves afrentas a su honor cometidas pública y reiteradamente.

Por todo ello ha condenado a Juana Rivas a sendos delitos de secuestro de menores a dos años y 6 meses de privación de libertad por cada uno de ellos, y 6 años de privación de la patria potestad. Así mismo la condena en responsabilidad civil al pago de 30.000 € por los daños a la imagen del implicado llevados a cabo mediante una campaña de escarnio público de arenga de masas. También la condena a las costas procesales.

El juez también hace mención en su sentencia al asesoramiento recibido por la implicada. En lo que respecta a este punto, creo que el asunto es de tal importancia, que el asesoramiento oficial en maltrato debería enfocarse desde la especialización y una perspectiva multidisciplinar, como ofrecemos los pues las consecuencias de un mal asesoramiento pueden ser desastrosas.

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