El pasado 6 de febrero nos despertamos con la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había suspendido cautelarmente la prohibición de portar en espacios públicos, elementos de vestimenta que dificultasen la identificación de las personas, extremo aprobado por la Ordenanza municipal de Reus el pasado julio, y que había sido recurrido por colectivos musulmanes por afectar a prendas como el burka.

El TSJC se remite a la sentencia del Tribunal Supremo que dejaba sin efecto los puntos de unas ordenanzas municipales de Lérida similares a las de Reus, basándose en la “vulneración del derecho de libertad religiosa” y “por no existir ley previa con base en la que se pudiera limitar el ejercicio de esta libertad en lo relativo al uso de la vestimenta cuestionada”.

La libertad religiosa es un derecho inalienable de la persona, faltaría más, no trata de esto el presente artículo. Hablando desde un punto de vista religioso (otra cosa bien distinta si lo hiciéramos desde el punto de vista de la seguridad y la identificación en documentos públicos), yo no estaría en contra de que las mujeres musulmanas lo portasen, si es que lo hicieran voluntariamente, como no estoy en contra de que una monja porte sus hábitos.

Pero cuando la concreción de esta libertad religiosa implica portar objetos que denigran a la mujer, la invisibiliza, la cosifica, la aísla del exterior, e impide relacionarse normalmente con el resto de personas, se me hace muy difícil creer que de verdad las mujeres los portan voluntariamente. Máxime después de ver cómo se trata a las mujeres en determinados países de origen islámico, en los que se le impide incluso conducir. Llámenme incrédulo.

En mi opinión, este caso no se trata de libertad religiosa, pues estas prendas de vestir, por sus características, dejan de tener sentido religioso y adquieren sentido sexista. Y continuaré pensando que no se trata de libertad religiosa hasta que tenga la total seguridad de que todas las mujeres que lo portan, lo hacen de manera voluntaria.

Además, contrariamente a lo que dice la STS, en España ya hay normativa (a nivel autonómico) que permita la prohibición del uso del Burka, como es el caso de la ley de Castilla y León sobre violencia de género de 2010, que establece como una de las manifestaciones de violencia, la originada por tradiciones culturales que atenten o vulneren los derechos humanos. Mandato aplicable al caso del Burka, únicamente hace falta tener el valor para ponerlo en práctica.

Por otra parte, tenemos ejemplos de legislaciones europeas que ya lo han prohibido, como es el caso de Bélgica y Francia, países en los que se prohíbe portar “burka” y “niqab” en espacios públicos.

En Holanda, aunque en febrero de 2008 el Gobierno aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso del “burka” en colegios y entre funcionarios, el debate permanece abierto en el Parlamento.

En Turquía está prohibido el uso del velo en edificios públicos. En febrero de 2008, el Parlamento aprobó permitir el acceso a la Universidad con el “hiyab”, pero cuatro meses después el Tribunal Constitucional anuló esta norma, apelando al principio del laicismo

En Alemania, ocho estados prohíben a las profesoras el uso del velo y de cualquier otro símbolo religioso o político, pero las alumnas pueden cubrirse el cabello con el velo islámico.

Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha esgrimido que las autoridades no deberían prohibir el velo integral por razones de seguridad más que cuando la situación de emergencia lo aconseje, pero sí pueden vetarlo en los espacios públicos porque amenaza la convivencia, pues considera que “la cara juega un rol importante en la interacción social” y que llevarla tapada en los lugares públicos puede ser una “amenaza para la convivencia”.

Esta sentencia rechaza los motivos de seguridad esgrimidos en ocasiones, pero también desestima que la prohibición atente al principio de discriminación, a la libertad de pensamiento y a la libertad religiosa. Pues para los jueces europeos, el bien superior de la convivencia y, por tanto, el derecho de los otros, no portadores del velo, a no ver menoscabada esa vida en común se impone frente a las que defienden velos que ocultan el rostro.

En España no existe normativa a nivel estatal que regule la materia. Hace tiempo, el Senado aprobó una propuesta para prohibirlo en los espacios públicos, y el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño (PSOE), anunció que esa prohibición quedaría recogida en la ley de Libertad Religiosa, que no ha visto la luz.

Creo que es la hora de afrontar valientemente este tema por parte de las autoridades, y tomar una decisión legislativa en la línea de lo apuntado en otros países europeos, y concretado por el TEDH.

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