El requisito exigido en la mayoría de la legislación vigente en España (recordemos que las ayudas las conceden las CCAA) para obtener ayudas como víctima de violencia de género es de baja intensidad, debido a que lo que prima según la ley es beneficiar de la forma más rápida posible a la mujer víctima de maltrato para que pueda abandonar esta situación lo antes posible y pueda recuperar los derechos que le habían sido conculcados, así como ejercer una vida social en plenitud.

Hay que decir que estos derechos reconocidos a las mujeres víctimas de maltrato (que son de diversa naturaleza y que podemos encontrar en esta misma web aquí) son absolutamente necesarios para ello. Únicamente decir que creo que sería preciso que se aplicasen algunos de ellos (no es preciso todos, sino los necesarios) al resto de sujetos pasivos de maltrato en el ámbito familiar, por las mismas razones que motivaron su reconocimiento para con la mujer.

En el caso de la Comunidad Valenciana, según artículo 9 de la ley 7/2012 de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana:

1. Constituyen medios de prueba para la acreditación y la prestación de coberturas garantizadas en esta ley cualquier resolución judicial que reconozca, aunque solo sea de forma indiciaria o incidental, la existencia de un acto de violencia sobre la mujer previsto en esta ley.

2. Excepcionalmente, en ausencia de la resolución judicial indicada en el apartado 1 del presente artículo, y en tanto se dicte la misma en el sentido indicado, será suficiente el informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de que la demandante es víctima de esta violencia.

3. Con el mismo carácter de excepcionalidad, podrán ejercitarse los derechos en los que así se determine expresamente con la única acreditación de la presentación del atestado policial o incluso del certificado acreditativo de atención especializada por un organismo público competente en materia de violencia sobre la mujer.

En la actualidad se está debatiendo el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito, que establece en su artículo 35 (Obligación de reembolso) que:

1. La persona que se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protección reguladas en esta Ley, vendrá obligada a reembolsar las cantidades recibidas en dicho concepto y al abono de los gastos causados a la Administración por sus actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por los servicios prestados, con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un 50%, en los siguientes casos:
a)Si fuera condenada por denuncia falsa o simulación de delito.
b)Se dictare, con carácter firme, una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre en los que se declarase la inexistencia de los hechos denunciados.

En primer lugar, hay que recordar que el archivo (provisional o libre) de un asunto, no significa automáticamente que la denuncia sea falsa, más bien que no se han encontrado pruebas suficientes como para emitir un veredicto. Tenemos que hacer referencia aquí al arguemento de la dificultad probatoria del hecho por ocurrir en el ámbito de la intimidad (igualmente aplicable al delito de denuncia falsa, por supuesto). Por lo que este aspecto concreto del artículo sí entiendo que sería susceptible de ser reformado en vistas a que la denunciante no tuviera la obligación de devolver las ayudas recibidas si así estuviere tipificado. Pero al incluir este apartado “en los casos en los que se declarase la inexistencia de los hechos denunciados” se soluciona el problema. Será el juez el que, en su caso dictamine este extremo.

Una vez probada judicialmente que la denuncia interpuesta era falsa, tampoco veo ningún impedimento para reclamar toda ayuda recibida por parte de la falsa denunciante. Algo similar, aunque no totalmente igual (por no probarse la voluntad maliciosa de la falsa denunciante), ocurre en el caso de que el denunciado sea absuelto.

Por ello sorprende que hayan partidos políticos que hayan pedido la eliminación total del artículo integro como El PSOE que ha presentado este lunes una enmienda de supresión del mismo, con el pretexto de que iba en detrimento de la mujer maltratada, pues iba a ser intimidatorio a la hora de denunciar.

Lo que verdaderamente va en detrimento de la mujer maltratada es que se invierta tiempo y esfuerzos materiales, humanos y económicos (policías, psicólogos, letrado de oficio, juez, secretario judicial, casas de acogida, dispositivos de protección como pulseras GPS o teléfonos de asistencia, así como las ayudas pecuniarias reconocidas) en personas que no son víctimas de violencia, y que se dejen de invertir los escasos recursos existentes en las verdaderas víctimas. Y a las únicas que iba a intimidar a la hora de denunciar, sería a las mujeres que quisieran aprovecharse del sistema para obtener un beneficio espurio.

Es una auténtica falta de consideración para con las verdaderas mujeres víctimas de maltrato que se interpongan denuncias falsas. Pero no únicamente se les falta al respeto a éstas, pues el hecho de interponer una denuncia falsa con fines lucrativos supone además una estafa al estado, por intentar obtener beneficio económico de manera espuria. Y para rematarlo también afecta de manera aberrante a los hombres que han sido denunciados falsamente, sean muchos o pocos (cuestión que me reservo para analizar en otros posts).

Por lo que creo que toda iniciativa en pro de mitigar las denuncias falsas (y el artículo 35 de esta norma lo es) es poca para hacer justicia con las víctimas de maltrato, y con los denunciados falsamente.

Yo incluso iría más allá y plantearía la siguiente solución para los casos probados de denuncia falsa por violencia de género, y a la obligación de reembolso con intereses establecida en el artículo 35 añadiría:

1. Apertura de un procedimiento por estafa. Según Artículo 248 del CP, cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Lo que se ajusta bastante bien al caso en concreto.

2. Pago de la defensa del acusado por violencia de género, como responsabilidad civil derivada del delito, aunque no haya habido condena en costas en el procedimiento primario.

El principal problema que encontramos, y por el que creo que se pide la supresión de este artículo, es que la mayoría de las denuncias por violencia de género terminan en abslución, como refleja la Memoria 2012 de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, e Informe de 7 años de LOVG del OVM-CGPJ, de junio de 2005 a julio de 2012:

  • Se han tratado 1.034.613 casos: 963.471 delitos y 71.142 faltas.
  • Se han emitido 137.408 sentencias: 108.123 condenatorias, y 29.285 absolutorias.
  • De las sentencias condenatorias, 79.208 lo han sido por conformidad (73% de las condenas).

Computando los casos tratados en las audiencias provinciales (delitos de más de 5 años de pena de prisión) y los juzgados de lo penal (delitos de menos de 5 años de pena de prisión), el número final de condenas sería de 207.997. Teniendo en cuenta denuncias presentadas, el porcentaje de condenas sería del 20,1%.

Quizá, si el criterio para la obtención de ayudas fuera distinto al actual (ligado a otros requisitos distintos a la denuncia), se podría minorar el número de mujeres que tuvieran que devolverlas a tenor del artículo 35 del Proyecto de e Ley del Estatuto de la víctima del delito.

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