Hacía tiempo que no escribía para mi blog, y no podía encontrar motivo mejor para volver a hacerlo que la polémica creada por la última muerte de una mujer a manos de su ex pareja en Zaragoza ocurrida el pasado lunes 22 de febrero. Y ya van en lo que llevamos de año 11, es algo que no debemos olvidar.

Tras investigar las informaciones publicadas en varios periódicos (dado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario), se ha podido conocer que la víctima había presentado denuncia por coacciones y amenazas contra su agresor, pues el 5 de febrero lo encontró en el interior de su vivienda al volver a casa [supongo que es este caso al que se refiere esta noticia de un periódico en la que amigos de la víctima comentaban que dos semanas antes del fatídico desenlace les contó cómo su pareja la esperaba en su domicilio “con una pistola” ].

También se ha publicado que el agresor le comentó al hijo de la víctima de 5 años que se la iba a llevar a “un viaje muy largo del que no va a volver”, y que al recibir tales amenazas, la víctima acudió a denunciarlo ante la Policía.

Motivos por los que fue detenido y posteriormente condenado a 14 meses de prisión por estos hechos (8 por las coacciones y 6 por las amenazas), debido a que reconoció todas las acusaciones.

Posteriormente, se le suspendió la pena de prisión por carecer de antecedentes computables (referidos a violencia de género), aunque sí los tenía de otro tipo de delitos, en concreto de amenazas a su hermana, archivadas por la negativa de ésta a ratificar su denuncia, motivo por el cual se concedió la suspensión de la ejecución de la pena y el agresor evitó la entrada en prisión, al considerar la juez que juzgaba el caso que no existía riesgo inminente de que consumara sus amenazas, basándose también en el informe policial del nivel de riesgo, mínimo según la noticia, en referencia a NO APRECIADO (en la escala de nivel de riesgo en VIOGEN se distinguen 5 casos: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo).

Creo que no se puede entrar a valorar esta decisión judicial sin conocer el contenido de las denuncias, o de la VPR (Valoración Policial del nivel de Riesgo), porque una cosa son las noticias en un periódico y otra bien distinta lo que denuncie la víctima, que es en lo que se basan los jueces y la policía para llevar a cabo actuaciones de protección de personas.

El Delegado del Gobierno en Aragón, precisó que en estos veinte días desde la denuncia, la Policía no había recibido ninguna notificación que alertara de algún riesgo, y que el protocolo a seguir en estos casos, se basa en asignar un policía de referencia para que “ante cualquier anomalía que se detecte” sea avisado.

También informó de que “el agresor tenía una orden de alejamiento con nivel de riesgo mínimo, puesto que se había comprobado que él vivía en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, “a más de 400 kilómetros de la víctima”.

Como comprenderéis, tampoco creo oportuno comentar si la valoración del nivel del riesgo del caso es la adecuada sin conocer el contenido de las denuncias interpuestas, o el de la propia valoración policial.

También dijo que “Lo lógico en estos casos es que si la mujer hubiese detectado que él podía venir a Zaragoza lo hubiera comunicado a la Policía para poner un mecanismo de protección y evitar ese acercamiento a menos de 500 metros”, declaraciones por las que los partidos políticos de Aragón se han apresurado en pedir su dimisión por, según éstos, culpabilizar al víctima de su propia muerte.

Antes de valorar las palabras del Subdelegado, he de decir que creo que todos los que estamos implicados en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, tenemos como objetivo (casi obsesión), impedir que a la víctima le ocurra nada. Porque este es el mandato que nos da la sociedad ante esta lacra, también por la propia víctima y por nosotros mismos (no quiero ni pensar cómo me podría afectar a mí si a alguna de las víctimas de las que llevo seguimiento le pasara algo), pues tenemos una gran responsabilidad moral en este sentido.

En mi opinión, el Delegado del Gobierno ha estado torpe en comentar algo en lo que yo también estoy de acuerdo en afirmar, que es que precisamos de toda ayuda para llevar a cabo la protección de la víctima, incluida la de la propia víctima. Y para ello, es muy conveniente que la víctima informe al agente de referencia que le asignen de todo cambio en la situación de su caso del que tenga conocimiento.

Siempre siendo conscientes y teniendo en cuenta en todo momento, el estado de la víctima de violencia de género, que bastante tiene con haber tomado la decisión de denunciar a su maltratador con todo lo que ello supone, las consecuencias psicológicas de pasar por un juzgado a declarar sobre tu vida y miserias, el miedo de las posibles represalias del agresor, etc.

Pero para ser del todo justos y objetivos, hay que decir que son los agentes encargados del seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género los que tienen la obligación de realizar nuevas valoraciones del nivel de riesgo de la víctima cuando se conozcan cambios significativos en las circunstancias y/o conducta de la víctima o del agresor, de acuerdo con la Instrucción 5/2008 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se modifica la Instrucción 10/2007, de 10 de Julio, que en ningún momento habla de obligación por parte dela víctima.

El problema es que con los escasos medios humanos destinados al seguimiento de las víctimas de VIOGEN es prácticamente imposible controlar esto sin que sea la propia víctima quien te lo informe.

Si los ciudadanos supieran el ratio de mujeres víctimas de violencia de género a proteger por cada agente de referencia se asombrarían. Conozco casos de policías que tienen que llevar el seguimiento de cientos de mujeres a la vez (quizá va siendo hora de replantearse todo el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia de género). Esto es una barbaridad que hace imposible un seguimiento en condiciones, ante lo cual, lo fácil es culpar de lo ocurrido al protocolo (ostensiblemente mejorable, pero que no es el origen de lo sucedido en este caso) como ha hecho el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, quien planteó la posibilidad de modificarlo (hay que recordar que ya hay uno nuevo en proceso de implantación) para que la distancia con el agresor no sea motivo para la retirada de la protección.

Lo que quiere el Ministro es cambiar el sistema de valoración del riesgo, para que en el cuestionario de la VPER (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo) el ítem (todavía en vigor) “El autor se ha distanciado de la víctima. No molesta a la víctima, ha cambiado su residencia a un lugar alejado de ella” no contabilice para bajar el nivel de riesgo y se sigan aplicando las medidas de un nivel superior.

Para mí es un error eliminar este indicador en la predicción del nivel de riesgo. Lo lógico es que si el agresor se aleja, el nivel de riesgo baje. Lo que hay que hacer es controlar mejor los eventuales acercamientos de los agresores a las víctimas para que en todo momento el nivel de riesgo calculado sea el real. En ello que debemos colaborar todos, agente, víctima, y administración, ésta última dotando de más medios humanos a las unidades encargadas del seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género: EMUMES (Guardia Civil) o los SAM (Policía Nacional), o incluso dotar de competencias a las Policías Locales en materia de malos tratos (65000 personas que podríamos destinar a la causa), o formando en prevención de violencia a los agentes encargados de valorar el riesgo de reincidencia, o incluyendo a Criminólogos especializados en la materia en las comisarías, cuarteles y retenes, entre otras muchas medidas que se podrían tomar para perfeccionar el sistema.

Esta solución propuesta por el Ministro es un pegote para tapar una concatenación de circunstancias que han derivado en este lamentable desenlace, entre los que hay que incluir la imposibilidad de controlar los actos de las personas.

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