El nuevo nuevo protocolo de valoración de riesgo

No falla. En cuanto se produce un repunte de casos de Violencia de Género, inmediatamente se aprueban nuevas medidas políticas (que no de política criminal) en la lucha contra este tipo de maltrato. Ahora se trata de la valoración del nivel de riesgo, puesta en cuestión a raíz de las discordancias entre los resultados de las mismas en casos de víctimas mortales.

La solución política ha sido la aprobación de la Instrucción 12/2018, de 28 de septiembre, de la Secretaría de Estado para la Seguridad (SES) sobre Reforzamiento de las actuaciones policiales en materia de valoración de riesgo en los casos de violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas, tras el fatídico més de septiembre, en lo que se refiere a víctimas de violencia de género.

Recordemos que recientemente ya hubo una modificación en 2016 de esta normativa, que ya analizamos en otro post de este blog, también a resultas de otro incremento puntual de casos de víctimas mortales.

Ahora la nueva Instrucción hace hincapié en varias ocasiones en la posibilidad de modificar al alza a criterio del agente evaluador el resultado de la evaluación del riesgo, cuando lo estime conveniente, y de acuerdo a las circunstancias del caso. Cosa que además de no ser la solución para paliar el número de víctimas, supone tácitamente un injusto aumento de responsabilidad sobre los agentes de referencia encargados del seguimiento de las víctimas, teniendo en cuenta la carga de trabajo que ya soportan.

Esta nueva instrucción además recalca la necesidad de mantener actualizada la información de la base de datos VioGén (más trabajo para los ya saturados agentes), e insta a los mandos de las Unidades de protección de víctimas a dotarlas de medios humanos y materiales para protegerlas. Lo cual no deja de ser un brindis al sol, a menos que de hoy para mañana se creen miles de nuevas plazas en los EMUME (Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil), UFAM (Unidades de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía) y SAF (Servicio de Atención a la Familia de las Policías Locales), teniendo en cuenta que algunas ratios agente/número de víctimas, llega en algunos casos a los 75 en la actualidad.

Como ya decíamos, esta falta de medios humanos impide llevar a cabo adecuadamente el trabajo de protección policial de las víctimas. Es materialmente imposible llevar a cabo todas las medidas policiales de protección (obligatorias y complementarias) que se establecen en las diversas Instrucciones de la SES de acuerdo con cada nivel de riesgo de cada víctima, y además incorporar a tiempo real la nueva información de cada caso (medidas judiciales, salidas de prisión, atención a incidencias críticas, cambio de nivel de riesgo, cambio de domicilio, realización de VPER, y un largo etc.), con el escaso número de agentes de referencia existentes en la actualidad, a los que por cierto también se les exige estar formados específicamente en valoración del riesgo.

Por lo que insisto en el carácter político (y populista) de la medida, más tendente a apaciguar temporalmente los ánimos de una sociedad harta de esta lacra, que a introducir verdaderas mejoras a largo plazo en el sistema de protección de mujeres maltratadas.

Quizá en lugar de estas decisiones, deberíamos centrar esfuerzos en perfeccionar a la mayor brevedad posible el instrumento de valoración del riesgo VioGén, como se ha anunciado recientemente, incluyéndose en la futura versión la valoración del riesgo de asesinato.

Cualquier mejora en la valoración del riesgo es fundamental, siempre que sea desde una perspectiva criminológica y teniendo en cuenta la multifactorialidad etiológica del comportamiento humano, con el fin de ampliar y mejorar ítems basados en factores de riesgo y protección (estáticos y dinámicos) de reincidencia en violencia de género, otorgando un valor específico a cada uno de ellos, para mejorar la fiabilidad de la medición del riesgo. Todo ello basado en la investigación científica.

Quizá va siendo hora de que tomemos una actitud más proactiva, en lugar de ser únicamente reactivos en la lucha contra la violencia de género.

Quizá es tiempo de llevar a cabo actuaciones de política criminal (que no políticas) del tipo de la propuesta, para acabar con este maltrato.

Quizá haya que incluir más medios humanos en las unidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad destinados a la protección de víctimas de violencia de género, ya formados en valoración del riesgo y victimología, como los criminólogos.

¿O vamos a esperar a otro repunte de víctimas?