El pasado 31 de octubre la Audiencia Provincial de Granada confirmó la condena de seis meses de prisión de un vecino de la Alpujarra que quebrantó una prohiciciòn de comunicación respecto de su ex mujer, mediante conversación de WhatsApp iniciada por la propia presunta víctima, aunque ahora ya sabemos que no era tal, pues la misma sentencia absolvió de los delitos de maltrato de obra y de amenazas en el ámbito de la violencia de género al imputado, de los que también estaba acusado.

Desde el punto de vista jurídico se entiende la actuación judicial en tanto en cuanto que en este delito el bien jurídico protegido es el principio de autoridad judicial, y el respeto a sus decisiones en para el bien de la mayoría, que se ve enervado por la conducta del sujeto que contesta a un mensaje de su exmujer, siendo consciente de que tiene una prohibición de comunicación con la misma interpuesta por un juzgado.

Pero desde el punto de vista del sentido común, es dificil de comprender que alguien resulte absuelto del delito de maltrato y amenazas, pero sea condenado por un delito de quebrantamiento de medida cautelar interpuesta por ese presunto delito del que ha sido absuelto, teniendo en cuenta además, que en este caso fue la propia denunciante la que comunica en primera instancia con el condenado, induciéndole de alguna manera a incumplir la prohibición de comunicación (de lo que también se podría hablar largo), aunque este extremo es indiferente para la Audiencia Provincial, al ser manifiesta la plena aceptación de esa comunicación por quien tenía expresamente prohibido mantenerla.

Cosa bien distinta, y que no adminitiría ninguna duda (desde el punto de vista legal, ni del sentido común) sobre el quebrantamiento si éste se hubiera producido sobre pena establecida en condena (distinción que también hacen Enrique Bacigalupo y José Manuel Maza en Sentencia nº 39/2009 de TS, Sala 2ª de lo Penal, de 29 de Enero de 2009, al hablar de relevancia del consentimiento de la víctima en quebrantamientos) pues hay que aclarar que es distinto el alejamiento impuesto como medida cautelar que el impuesto por sentencia condenatoria, dado que el primero se establece por indicios delictivos, para investigar un hecho y evitar que se siga produciendo o se agrave, y se puede modificar e incluso revocar si las circunstancias cambiasen, y el segundo se impone porque ha quedado acreditada la comisión de un delito.

Estudiando individualmente el hecho de la comunicación prohibida, es muy fácil llegar a la conclusión de que se ha cometido un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468 CP. Pero cuando se estudia todo el caso globalmente, y a la luz de la absolución final del imputado por maltrato, nos preguntamos si en estos casos no sería conveniente resolver en primer lugar el procedimiento por malos tratos y que su resolución fuera tenida en cuenta a la hora de dictar sentencia en el caso del quebrantamiento, con el fin de evitar estas paradojas judiciales que no benefician en nada a la resolución de estos casos.

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