Beneficios e inconvenientes del recurso

La intervención psicológica con los maltratadores es un recurso muy en boga en estos tiempos en la prevención y erradicación del maltrato, hay que reconocerle sus beneficios, que alcanzan tanto al victimario como a la víctima, pues:

  • Con el tratamiento del agresor, se puede conseguir evitar que la violencia se extienda al resto de los miembros del hogar.
  • Se puede poner fin a la perdurabilidad de la actitud violenta del maltratador. Si se produce la separación de la víctima, se puede afirmar que existe un alto grado de probabilidad de que el comportamiento continúe después de la relación, o que se reproduzca en futuras relaciones con otras víctimas, si no existe un tratamiento.
  • Puede significar la rotura de la cadena de transmisión intergeneracional de la violencia (de padres a hijos), en los casos que ésta tenga como origen la imitación del comportamiento violento observado.
  • Supone una suerte de resarcimiento moral por reparación simbólica, y el empoderamiento institucional de la víctima porque el victimario está obligado a hacer los cursos de reciclaje.

Además, el éxito de estos tratamientos (contrariamente a la percepción social mayoritaria), es relativamente satisfactorio. Un estudio longitudinal llevado a cabo durante 10 años (1997-2007) por Enrique Echeburúa, analiza la evolución del seguimiento de un tratamiento cognitivo-conductual de 20 sesiones, sobre 196 individuos maltratadores graves (que ejercían una violencia física y psicológica crónica contra la pareja), y arroja los siguientes resultados:

  • • De todos los participantes en el programa terapéutico, el 55% lo completaron.
  • • Un 88 % de los participantes que completaron el programa, no vuelven a recaer en su comportamiento violento.
  • • El 45% lo abandonaron prematuramente, especialmente en la primera mitad de la intervención psicológica (especialmente entre las primeras 3 y 5 sesiones). De ahí la importancia de la motivación.

La Audiencia Provincial de Alicante también está desarrollando un programa de intervención con condenados por violencia de género, cuyas tasas de éxito (no recaída) en los 6 primeros meses (tras el paso de los cuales sin recaer en la conducta intervenida, se considera que se ha interiorizado el comportamiento adecuado aprendido), son muy similares a los del estudio de Echeburúa.

Según informa Vicente Magro (Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante), en esta última década se han atendido, a través de dicho cursos, a 2.640 condenados por violencia de género. Del total de maltratadores que han participado en este programa en los diez últimos años, únicamente 64, lo que supone el cinco por ciento, han reincidido, la mayoría de ellos por vulnerar la orden de alejamiento sobre la víctima, en ningún caso, el delito asociado a la reincidencia había sido por violencia grave u homicidio.

En la contraparte, hay que comentar que tratar a un agresor doméstico no significa considerarle “no responsable” de sus actos, como se podría pensar, pues muchos agresores aunque responsables de sus conductas, presentan distorsiones psicológicas importantes que pueden haber influido en la conducta violenta, y que pueden ser solucionadas mediante tratamiento.

Y por su carácter preceptivo para eludir la pena de prisión, no se puede considerar que el tratamiento del condenado sea un resquicio a disposición del agresor para escapar de su responsabilidad penal. Al contrario de lo que se puede suponer, hace más gravoso el cumplimiento de la condena que en el caso de otros delitos, en los que como norma general, se sigue suspendiendo la pena sin otros requisitos que los genéricos (delincuente primario, pena no superior a dos años y satisfacción de responsabilidades civiles), sin el sometimiento a dicho tratamiento.

Intervención con sujetos en interior de prisión y fuera de ella

La intervención con el maltratador se puede llevar a cabo hallándose el individuo en libertad, como medida de obligado cumplimiento alternativa a la prisión (suspensión y sustitución de la pena previstas en los artículos 80 y ss. CP.), o en el interior del centro penitenciario, como medida voluntaria para el acceso a determinados beneficios penitenciarios (tercer grado, permiso de salida, etc.).

Todos los presos verán la calle antes o después, por lo que es muy importante trabajar con ellos para reducir su riesgo delictivo futuro. Según el artículo 25 de la Constitución Española, la pena debe cumplir una función resocializadora que no se puede negar a ningún autor de delito. Por muy reprobable que fuere el delito cometido, todo delincuente tiene derecho a la reinserción.

Parece incongruente que se ligue la suspensión de la ejecución de la pena a la realización del curso psicosocial con la finalidad de modificar la actitud violenta del condenado, y sin embargo, una vez dentro de prisión los reclusos no sean sometidos a tratamiento específico (distinto del genérico ofrecido), a no ser que se presten voluntariamente a ello. Este es un aspecto que se debería replantear en sucesivas reformas de la normativa contra el maltrato.

El tratamiento extrajudicial

Existen en diversos países, Reino Unido y Austria, por ejemplo, programas destinados a la rehabilitación de maltratadores confesos que han reconocido su conducta lesiva y que piden ayuda a instituciones no oficiales para poder poner solución a la misma, sin que ello suponga la judicialización del caso.

Este sería un recurso muy útil en la lucha contra el maltrato en casos de riesgo bajo y con convivencia familiar aceptada. No olvidemos que como hemos comentado, la motivación para el cambio es fundamental en intervención psicológica con maltratadores. Y si se fomentara un programa de reeducación sin judicialización, transmitiendo el apoyo de instituciones con una correcta publicidad, se podría hacer que muchos maltratadores se decidieran a dar el paso para cambiar su actitud,  una vez conscientes de que es posible, y de que se les va a ayudar en ese trayecto. Lo que redundaría en un claro beneficio en la lucha contra el maltrato.

El problema es que al ser el maltrato un delito público, existe la obligación de denunciar su existencia una vez tenemos conocimiento del mismo, es decir, el psicólogo al que acudiera el maltratador confeso para ser tratado, una vez tenida notica de la comisión de un delito de maltrato, debería informar a la autoridad judicial, lo que haría que se pusiera en marcha la maquinaria de protección legal a la víctima, detención del maltratador, y la apertura de un procedimiento judicial que muy posiblemente terminaría en condena. Lo que ahuyentaría a aquéllos maltratadores que se hubieran decidido a cambiar su actitud.

Cabría preguntarse si no es el momento de introducir la posibilidad de un tratamiento legal diferenciado de los maltratadores que verdaderamente se han arrepentido de su actitud y quieren cambiarla, no de aquéllos que quieran escapar de su responsabilidad penal.

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