Con la reciente aprobación a nivel internacional de dos normas estatales en materia de violencia doméstica, una acordada en China y la otra en el Reino Unido, se abre una oportunidad para reflexionar acerca de las normas contra el maltrato y sus sujetos de protección.

En cuanto a la ley China contra el maltrato, va dirigida a la protección de hombres y mujeres contra cualquier manifestación de violencia doméstica, incluido el abuso psicológico. Agilizando el proceso de obtención de órdenes judiciales para proteger a las víctimas, e incluyendo como tales a personas que aun sin estar emparentadas convivan.

El único pero es que no se ha incluido en la protección a las parejas homosexuales, pues según representantes estatales, éste no era un problema específico a solucionar. Quizá porque ni siquiera se ha tenido en cuenta su análisis. Lo que resulta incomprensible, en la medida que el maltrato en parejas homosexuales se da en todas las culturas y paises. Aunque tampoco es de extrañar en un país donde la homosexualidad es un tabú y todavía no se ha legalizado el matrimonio homosexual.

En cuanto al Reino Unido, se ha llevado a cabo una reforma de la ya existente ley (Domestic Violence Crime and Victims de 2004, que ya incluía la protección a las personas convivientes o antiguos convivientes sin necesidad de estar casadas, incluidas las parejas homosexuales), incluyéndose ahora específicamente la persecución del abuso, el control y comportamiento coercitivo en las parejas. A reseñar que ya en marzo de 2013, se expandió la protección contra el maltrato a menores de 16 y 17 años.

Esta ley la británica también protege a todo tipo de víctimas en el ámbito familiar al considerar el maltrato como un incidente o patrón de control, comportamiento coercitivo o amenazante, y la violencia o el maltrato sobre aquellos que sean de edad superior a 16 años y que fueran o hayan sido pareja o miembros de una familia, sin distinción de sexo o género.

Esta norma es muy similar a la ley americana de lucha contra el maltrato (VAWA- Violence Aganisnt Women Act), aprobada en 1994, y que establece como violencia doméstica los “delitos graves o delitos menores de violencia cometidos por el cónyuge actual o anterior de la víctima, por persona con quien la víctima comparta un hijo en común, por persona que cohabite o haya cohabitado como cónyuge con la víctima, por persona en situación similar a la de cónyuge de la víctima protegida por leyes de violencia doméstica o familiar que reciba subvención, o por cualquier otra persona contra adulto o víctima joven, protegidos por las leyes de violencia doméstica o familiar”.

Esta ley fue modificada en el año 2005 para incluir una cláusula de no exclusividad, reconociendo el carácter de víctima al hombre: “Nada en este título se interpretará como prohibición a los hombres víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, asalto sexual y acecho para recibir beneficios y servicios bajo este título”.

Y recientemente se ha producido una nueva reforma de la misma en la que se ha incluido como sujetos de protección a los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

También hay que añadir en cuanto a normativa que regula el maltrato, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica aprobado en 2011 y ratificado en España en 2014.

El mayor avance del mismo es el reconocimiento de la existencia de todas las violencias posibles tanto en el ámbito familiar como fuera de éste. En el artículo 3 del convenio se definen los conceptos violencia doméstica, violencia contra la mujer, y violencia contra las mujeres por razón de género. Destacaremos lo siguiente:
-Violencia doméstica: ”todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima”.
-Víctima:”toda persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en los apartados a y b (violencia sobre la mujer y violencia doméstica)”.

Como podemos observar, en ambas definiciones no hay distinción en torno al sexo de la víctima de violencia en el ámbito familiar.

En el propio convenio se establecen una serie de obligaciones a los estados miembros en lo que a todos los tipos de violencia reconocidos en el mismo se refiere:

  • Protección del derecho de las personas a no sufrir violencia (aa 4 y 18).
  • Prevención, investigación y castigo (Art 5).
  • Realización de campañas de sensibilización (Art 13).
  • Recogida de datos y estadísticas, apoyo a la investigación y realización de encuestas (Art 11).
  • Inclusión en la legislación de obligación de apoyo a la víctima e información y asesoramiento en materia jurídica, psicológica, financiera, servicios sociales, alojamiento, acceso a empleo, etc.
  • Valoración del nivel del riesgo (Art 51).
  • Concesión de indemnizaciones (art 57).

Cuando acudimos a la legislación española en la materia, nos encontramos que la única norma específica contra el maltrato existente es la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección de mujeres víctimas de Violencia de Género. Destinada únicamente a la protección del maltrato sufrido por la mujer a manos de su pareja sentimental varón, es decir, la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. (artículo 1 de la ley).

Osea, que no se incluye protección específica legal (salvo un mero artículo en el CP) a mujeres maltratadas por el resto de integrantes del ámbito familiar, ni por parte de sus parejas mujeres en relaciones homosexuales. Tampoco existe protección específica legal contra el maltrato a menores, ni a ancianos, ni a varones en el ámbito de la pareja por parte de mujer, ni tampoco en relaciones homosexuales, a pesar de la existencia real de todos estos problemas.

No se entiende como siendo España uno de los firmantes del Convenio del Consejo de Europa, no haya adecuado ya su legislación para incluir en una ley contra la violencia intrafamiliar las obligaciones comentadas para la protección contra el maltrato de cualquier persona del ámbito familiar, independientemente de su sexo, a las que se comprometió al firmar dicho convenio.

Como hemos visto, ya se ha hecho en otros paises, y es una materia que precisa de actuación estatal urgente. ¿A qué esperamos para aprobar una norma en estos términos?

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