Nunca antes había escrito sobre este tema, y creo que ya va siendo hora. Empecemos aclarando iniciamente una cuestión:

No existe evidencia racional que apunte que el aumento de penas suponga la disminución de delitos.

¿Y por qué digo esto? Pues porque recientemente el Observatorio para la Violencia de Género del CGPJ ha propuesto varias medidas en las conclusiones de su VI Congreso para luchar contra la violencia de género, entre ellas la prisión permanenete revisable.

Y como no estoy de acuerdo con la aplicación de esta medida en ningún delito, voy a aprovechar para tratarla ahora que se propone concretamente su aplicación para delitos de violencia de género.

Comencemos por recordar que el derecho penal debe ser la última ratio, de aplicación cuando la protección de los bienes básicos para la vida de las personas en sociedad no se puede alcanzar con otros medios de control social.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que existen dos formas de entender la pena:

  • La función retributiva, que entiende la pena como un mal impuesto al delincuente por el hecho de haber realizado anteriormente otro mal. Es decir el castigo por el castigo.
  • La función preventiva de la pena. Que se divide en:
    • La prevención especial: la pena actúa sobre la persona que ya ha delinquido, intentando reducir las probabilidades de que lo vuelva a hacer.
    • La prevención general: la pena actúa sobre la sociedad. A través de la posibilidad de sanción, los ciudadanos deberán abstenerse de delinquir.

En este sentido hay que comentar que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social“, lo que se hace muy difícil de compatibilizar con la prisión permanente revisable, más bien encaminada a saciar esa función retributiva que comentamos.

La pena de prisión permanente revisable no consigue la reinserción del individuo, de hecho cuanto más tiempo esté el individuo en prisión, más probable es que se desociabilice. Lo que verdaderamente consigue su resocialización es la intervención con el individuo en planes de rehabilitación.

Puede existir la falsa creencia de que con el aumento de penas se consigue que descienda la criminalidad, pero esto es un espejismo porque lo que realmente ocurre es que el individuo no delinque porque está en prisión (se ha neutralizado), no porque se le haya conseguido disuadir de su conducta delictiva.

Por otro lado, diversos estudios llevados a cabo en la materia, Schwartz (1968), Lappi-Seppala (1998), Zimring (1972 y 1977), llegan a la conclusión de que de la misma manera que al tocarnos la lotería o sufrir un accidente con secuelas graves,  la entrada en prisión supone un impacto incial en el individuo que se va atemperando con el paso del tiempo hasta la homeostasis o equilibrio emocional, motivo por el cual no afecta a la conducta humana el aumento de la pena privativa de libertad.

Creo que la aplicación de la prisión permanente revisable tiene mucho más que ver con el populismo punitivo que con una verdadera política criminal para la erradicación de la violencia de género o cualquier otro delito.

Ni que decir tiene que no se ha entrado a valorar en qué casos de violencia de género sería de aplicación la misma, y su comparación con casos similares fuera del ámbito de género podría incluso llegar a una posible conculcación del articulo 14 de la CE cuando se comparen los hechos cometidos y los resultados jurídicos.

Pero sobretodo estoy en contra de la prisión permanente revisable en el ámbito de la violencia de género porque es una medida que no vale la pena implementar, máxime cuando todavía hay márgen de actuación en otros campos para avanzar en la lucha contra este tipo de violencia, como ya hemos comentado en otras ocasiones en este espacio, tales como llevar a cabo una verdadera prevención en todos sus niveles (primario, secundario y terciario), permitir la mediación, la rehabilitación del maltratador, la participación de criminólogos y policías locales en la lucha contra la violencia de género y la reforma de la ley para aclarar qué hechos son considerados como violencia de género y cuáles no, para acotar el ámbito de trabajo.

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