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Noticias como ésta, en la que una pareja se agrede mutuamente se dan con frecuencia, aunque no siempre el resultado final es la detención de ambos implicados, como en este caso.

Es importante hacer una precisión inicial, pues este hecho hay que diferenciarlo de aquellos en los que uno de los miembros de la pareja agrede al otro y éste, en defensa propia, hace uso de la fuerza para repeler su acción. Aunque en ambos casos los dos implicados presentarán lesiones, la motivación de las mismas en uno y otro caso es totalmente distinta. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, como veremos más adelante.

En este caso concreto quería hacer un par de consideraciones, siempre teniedo en cuenta los escasos datos de los que disponemos en la noticia:

Primera: Por los hechos relatados en la noticia, se puede pensar que ella ha sido detenida por un presunto delito de violencia doméstica del 153.2 CP (maltrato de obra, pues al parecer hay convivencia, de lo contrario estaríamos ante un delito leve), mientras que él ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género del artículo 153.1 CP (maltrato de obra en todo caso, haya convivencia o no). Esto tiene unas implicaciones importantísimas. A saber:

En sede policial:

  • A ella se le tomará declaración con derecho a la asistencia de un abogado especializado en violencia de género, mientras que a él se le tomará declaración ante abogado de oficio (salvo que tenga propio).
  • A ella se le facilitarán números de asistencia especializada en Violencia de Género (haciéndose constar en el atestado realizado de oficio), tales como el Centro Mujer 24 horas, casas de acogida, teléfono 016, etc. A él no se le facilitarán estos datos (tampoco es que existan recursos destinados a este maltrato).
  • A ella se le realizará una valoración policial del riesgo de acuerdo con la Instrucción 10/2007 de la secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la Mujer en los seguimientos de la L.O. 1/2004 de 28 de diciembre y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal (Reformada por la instrucción 5/2008). Con el fin de establecer unos seguimientos policiales de acuerdo con el nivel de riesgo presentado. A él no se le llevará a cabo esta valoración del riesgo (incumpliendo mandato del Convenio de Estambul).
  • A ella obligatoriamente se le ofrecerá la posibilidad de solicitar una orden de protección que se dirimirá en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, (en los términos que ya tratamos en otra entrada en este mismo blog), mientras que si él no pide la orden de protección, es muy problable que no se la ofrezcan. Si finalmente la pidiera, resolvería sobre ella un juzgado ordinario, como veremos a continuación*.

Aunque hay que reseñar que el juez del JVM que estudie la solicitud de orden de protección tendrá en cuenta las declaraciones de ambos para establecerla. Y no lo hará en caso de no existir criterios objetivos de riesgo para la implicada.

En sede judicial:

  • El delito cometido por él será instruido por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que podrá tratar asuntos civiles (como la custodia del hijo menor de ambos), mientras que el delito cometido por ella será instruido y juzgado en juzgados ordinarios*.
  • Posteriormente a la comparecencia para resolver sobre la Orden de Protección , a él se le citará para la celebración de un juicio rápido en el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer a la normalmente semana siguiente, de acuerdo con la LECrim, juicio al que ella no tendrá que asistir en la mayoría de ocasiones (de acuerdo con la tendencia general de evitar la victimización secundaria en víctimas de viogen), y en el que únicamente se dirimirá la agresión de él sobre ella. Mientras que, como ya hemos dicho, el juzgado encargado de conocer la agresión de ella sobre él sería un juzgado ordinario ( de 1ª Instancia e Instrucción), que vaya usted a saber cuándo le citaría para la vista oral. Con lo cual, podría darse el caso de que él fuera condenado antes que ella, cuando ambos ilícitos fueron cometidos a la vez.
  • La pena a imponer aunque el resultado lesivo fuera similar, también sería diferente, pues a él se le podría imponer pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. Mientras que la pena que se le podría imponer a ella sería la misma salvo en el límite inferior de la pena de prisión, que sería de 3 meses en lugar de 6. Con lo que él podría ser condenado con una mayor pena por un mismo hecho, es decir, maltrato de obra producido en una agresión mutua.

* Salvo si el Juzgado de Violencia contra la Mujer es mixto (de 1ª Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, por no ser cabeza de partida judicial), en cuyo caso conocerá los dos asuntos el del delito de ella y el de él, y de las órdenes de protección que se deriven de éstos.

Intervención post-judicial:

  • Mientras exista orden de protección sobre la mujer (tanto si es como medida cautelar dictada por el JVM hasta que se dicte sentencia, o como condena dictada por el propio JVM o el Juzgado de lo Penal), o incluso aun cuando no se hubiera acordado orden de protección y hasta la celebración del juicio en el juzgado de lo Penal, ella pasaría a ostentar el derecho de seguimiento policial como víctima de Violencia de género de acuerdo con la Instrucción 10/2007 antes comentada, asignándosele un policía de referencia para asesoramiento, llamadas esporádicas para comprobar el estado de la víctima, acompañamiento a gestiones, etc. Todo ello de acuerdo con lo tratado en este otro post de este mismo blog. Mientras que a él no se le realizará seguimiento policial alguno.
  • Ella como denunciante de violencia de género, podría tener acceso a una serie de derechos reconocidos por ley, de índole económica, asistencial, laboral, social, etc. Mientras que el varón no podría solicitar ninguno de estos derechos, pues solo se reconocen a la mujer maltratada.

Segunda: El principal problema que se plantea es que partimos de un error de conceptuación. Si la riña es mutuamente aceptada, como parece que se produce en este caso, ambas partes están en equilibrio de poder y no se puede presuponer que exista voluntad de dominación de una sobre otra ya que la violencia no es instrumental, por lo que no debería considerarse que existe Violencia de Género. Recordemos una vez más el artículo 1.1 (objeto de la ley) de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Por lo que estamos haciendo un uso equivocado de toda la red de protección de mujeres víctimas de violencia de género (jueces, fiscales, abogados de oficio, cuerpos policiales, psicólogos, trabajadores sociales y un largo etcétera), destinada únicamente a proteger a estas víctimas y no a mujeres víctimas de otras violencias, como puede ser este caso. Pero es que además estamos sobresaturándola (con lo escasa de recursos que va). De ahí la importancia de considerar las motivaciones de los actos de los implicados que comentamos al principio del artículo.

Ni que decir tiene que también estamos errando en la cuantificación de la lacra que constituye la Violencia de Género, pues estamos considerando como tal, casos que no tienen nada que ver con ésta. Lo que contribuye a crear una alarma social innecesaria.

Este problema se solucionaría estableciendo una criba previa a la entrada de la mujer en el sistema de protección de víctimas de violencia de género, para asegurarnos de que existen indicios de que sea una víctima de este tipo de violencia, para que solo éstas accedan a protección, con lo que se conseguiría además, computar correctamente los casos de este tipo de violencia ocurridos para conocer el alcance real del problema. Estando destinado este menester a profesionales capacitados para discernir la dinámica concreta y diferenciada de esta violencia, como los criminólogos.

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