Este mes cumplimos un año de vida en el blog www.violenciaintrafamiliar.es, y todavía no habíamos hablado de denuncias falsas. Creo que ya va siendo hora de hacerlo a la luz de una nueva sentencia de denuncia falsa de violencia de género.

La Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género establece una serie de derechos a la mujer víctima de maltrato totalmente imprescindibles (que entendemos deberían extenderse, al menos los necesarios, al resto de víctimas de maltrato, lo que trataremos en otro momento) para recuperar su vida anterior a la situación de violencia, en dos órdenes:

También hay que recordar en este punto la interdicción de la custodia compartida en casos de maltrato que establece en el Artículo 92.7.del Código Civil: “No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica”.

Otra medida recientemente aprobada es la paralización de desahucios a las víctimas de violencia de género, aún sin condena, cuando la vivienda sea la habitual (Aprobado en el RD Ley de medidas de protección de los deudores hipotecarios).

También hay que tener en cuenta que con la presentación de una denuncia por violencia de género se paraliza el proceso de expulsión de una mujer inmigrante.

No es muy aventurado pensar que alguien pretenda engañar a la administración, e intente hacer uso ilegítimo de todos estos beneficios mediante la interposición de denuncia falsa de maltrato.

Incluso se han se han dado caso de organizaciones criminales cuyo fin era hacer un uso espurio de estos derechos mediante las denuncias falsas por violencia de género. Un ejemplo de esto es la operación “Pomelo”, que llevó a cabo la Guardia Civil, desmantelando una red que presentaba denuncias falsas por violencia de género para cobrar ayudas. Una red que ofrecía a mujeres inmigrantes ilegales, regularizar su situación y acceder a ayudas públicas mediante denuncias falsas a sus parejas. Hombres a quienes la banda ofrecía entre 2000 y 4000€ por interpretar su papel de maltratador.

La denuncia falsa, además de la victimización del falso denunciado, supone una estafa al estado ya que pone a disposición del falso denunciante la maquinaria estatal en la lucha contra el maltrato, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, servicios sociales y médicos, órganos judiciales, abogados, etc. Y además de todo esto, también ayudas las económicas, repercutiendo todo ello negativamente en las verdaderas víctimas de maltrato.

Según datos del Observatorio Estatal para la Violencia contra la mujer y Doméstica, el número de condenas por denuncia falsa en comparación con las denuncias de violencia de género que se presentan es ínfimo. Pero también es cierto que este asunto nunca ha estado exento de polémica, pues desde muchos sectores se echa en falta un mayor celo en la persecución de las mismas por parte de jueces y fiscales.

No debemos olvidar que una cosa son las denuncias falsas y otra, las condenas por denuncia falsa, pues este es un delito muy difícil de probar, debido a que los hechos suelen producirse en la intimidad, y al igual que muchos casos de maltrato quedan impunes por este extremo, muchos casos de denuncia falsa pueden sufrir el mismo destino. Pero aun así, las denuncias falsas deben ser perseguidas para asegurar el funcionamiento correcto del sistema de protección a la mujer (así como para garantizar los derechos de los denunciados en falso), garantizando así que todos los medios vayan a parar a las que verdaderamente lo precisan, las mujeres maltratadas, y de paso terminar definitivamente con la suspicacia que envuelve al tema.

En este sentido la Audiencia Provincial de Badajoz Sec. 1.ª, recientemente ha dictado sentencia 54/2015, de fecha 29 de junio, dando un paso en favor de la lucha contra las denuncias falsas, como es el establecimiento del dolo eventual para reputar delito de denuncia falsa, haciendo la propia sentencia un análisis del problema en cuestión muy acertado a nuestro juicio:

Las penas a imponer por la comisión del mismo dependen del tipo de ilícito penal que se atribuye falsamente a alguien, aunque en ningún caso las penas previstas para este delito superen los dos años de prisión. Esta levedad en las penas del tipo, unido al acceso gratuito a la presentación de denuncias por parte de cualquier ciudadano, provoca que en ciertas ocasiones el sistema de la administración de justicia, al intentar proteger a las víctimas, se pueda convertir precisamente en el arma que utiliza la presunta víctima que pasa a convertirse en “agresor”. Cierto es que la existencia de posibles fallos o errores en el sistema de protección penal de los derechos de los ciudadanos no debe llevar a la desconfianza en el propio sistema penal, pero si ha de ser un estímulo para la adopción de medidas encaminadas hacia el perfeccionamiento del sistema.

El ámbito de la violencia de género y de las relaciones conyugales y de pareja se ha convertido por desgracia, en el centro de atención en cuanto a lo que a las denuncias falsas se refiere. Las penas existentes en caso de denuncia falsa, la protección de la víctima, el rechazo social al maltrato y la aceleración de las consecuencias civiles en casos de divorcio cuando media violencia, han provocado que presuntas víctimas sin escrúpulos usen y abusen de la Ley de Violencia como herramienta, defraudando el espíritu de la Ley al objeto de favorecer sus intereses en la tramitación de un divorcio, intentando conseguir situaciones más ventajosas. Afortunadamente no son muchos los casos, pero estos existen.

La existencia de denuncias falsas, como consecuencia, viene a quebrar la confianza en el sistema de protección penal y daña gravemente la imagen de todos los agentes que lo componen, provocando un efecto rebote en la conciencia social. Dicho rebote sólo perjudica al conjunto de la sociedad y especialmente a las víctimas de malos tratos, a las que verdaderamente lo son.

“ha habido 23 denuncias de Virginia contra su otrora pareja Cirilo, y en ninguna de ellas ha sido condenado éste, pese las graves imputaciones que se vertían en muchas de dichas denuncias, lesiones o maltrato a las hijas menores, abusos sexuales a éstas, amenazas, etc. En este sentido hay que afirmar, como lo hace el recurrente, que el derecho a la denuncia asiste a todo ciudadano, como emanación del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 CE, pero no existe el derecho a la denuncia a cualquier precio. Contra esto el CP tipifica una conducta como delito. Antes de denunciar hay que cerciorarse de la existencia de un mínimo de verdad en los hechos que se relatan. Esta cuestión enlaza y hay que conectarla con la existencia del elemento intencional del tipo, el cual admite el dolo eventual. En una valoración conjunta de la prueba, que es lo que hace con acierto el Tribunal de primer grado, hay que concluir que, al menos en algunas de las denuncias presentadas por Virginia contra Cirilo, habría que admitir que aquélla podía considerar que la denuncia presentada no era cierta, o no tenía los datos necesarios para considerar un cierto grado de verosimilitud, y a pesar de ello denunció, con los graves perjuicios que se siguieron contra el padre de sus hijas, el sometimiento a numerosos procesos judiciales, la detención en algunos casos, etc. O si se prefiere, queda acreditado en el procedimiento que en algunas de las denuncias presentadas, Virginia formuló la denuncia a sabiendas de que la misma podría no ser cierta, o se representaba la posibilidad de que no fuera cierta, lo que colma la exigencia del dolo o elemento intencional esencial en este delito pero en el que no se exige el dolo directo, bastando la concurrencia del dolo eventual. Y en este sentido, como se recoge expresamente en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, Virginia presentó varias denuncias contra su ex cónyuge “sin ver nada ni ser testigo de nada, simplemente porque se lo contaba su hija”.

Esta es una sentencia importante en materia de denuncia falsa, pues establece que no es preciso el dolo directo (acción voluntaria de imputar falsamente y a sabiendas un delito de maltrato) y que basta con el dolo eventual, es decir, denunciar un presunto maltrato sin estar seguro de que se haya producido, siendo consciente de que se puede estar atribuyendo falsamente un hecho a una persona que no lo ha cometido.

Este tipo de pasos son necesarios en la lucha contra las denuncias falsas que venimos exigiendo a lo largo del presente artículo. Lamentablemente el varón tuvo en este caso que soportar 23 denuncias para que se tomaran medidas al respecto.

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