Dice literalmente el artículo 1 de la Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

Sin entrar a valorar la propia Ley de Violencia de Género, este es su espíritu, y no el judicializar cualquier agresión de un hombre a una expareja mujer como maltrato instrumentalizado para su subyugación. Y por esto algunas Audiencias Provinciales están exigiendo que se cumpla este principio –elemento subjetivo del delito de lo cual ya hemos hablado en otras ocasiones en este blog-  para acudir al artículo 153.1 C.P.

Aquí reside un gran problema, a parte de la inseguridad jurídica que supone que mismos hechos sean enjuiciados y castigados de forma distinta según lugar de comisión, cual es que al aplicar literalmente el mal redactado (a tenor del espíritu de la ley) artículo 153.1 C.P., no se está respetando ese propio espíritu del que hablamos.

Si acudimos al tenor literal del anterior artículo, todas las imputaciones policiales y posteriores instrucciones judiciales cuando se produzca una agresión de un varón a su expareja mujer están claras, pues:

153. 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia […].

Pero creo que estamos cometiendo un grave error de partida, pues no debemos tratar indistintamente todo como si fuera violencia de género, ya que esto va en perjuicio de la propia mujer víctima de este tipo de maltrato. Y sin embargo, estamos cayendo en este equivoco, tratando como maltrato de género casos que poco o nada tienen que ver con él, restándole así los escasos recursos existentes a este tipo específico de víctimas. Esto es más común de lo que se podría pensar, pero lo más grave es que se lleva produciendo ya desde el inicio de la ley, osea que imaginen el estropicio del sistema.

Tenemos que establecer criterios objetivos para discernir casos de maltrato de género de simples disputas que puedan desembocar eventualmente en agresiones (levísimas en ocasiones), por el bien de las verdaderas víctimas de Violencia de Género. Corresponde al Tribunal Supremo establecer de una vez por todas jurisprudencia en este sentido, pero entre tanto, creo que la Fiscalía General del Estado debería actuar de oficio dando instrucciones para no imputar por el artículo 153.1 en determinadas ocasiones. No es descabellado, pues este tipo de concreciones ya se ha hecho en otros delitos, como por ejemplo en el caso de la Violencia Doméstica (en la que por parte de la FGE se ha exigido el requisito de convivencia que no figuraba en los artículos 153.2 ni 173.2 CP). Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad también podrían imputar delitos de Violencia de Género únicamente cuando correspondiese, de acuerdo al espíritu de la ley, aunque es de entender que la criba no se realice a este nivel de motu propio habiendo instancias superiores como mandos y juzgados.

Siempre decimos que el sistema de protección de mujeres víctimas de Violencia de Género no funciona, y que hay que mejorarlo. Pues bien, esta medida propuesta serviría para distingir las verdaderas víctimas de maltrato de género, a las que hay que atender de manera específica de acuerdo con los protocolos establecidos (en la Instrucción 5/2008 por ejemplo) de las que son víctimas de otro tipo de injusto (el que correspondiese), destinando los escasos recursos, tanto materiales como humanos, a las mujeres que efectivamente lo necesitan, de lo contrario estamos desprotegiendo a unas mujeres con problemas serios, y sobreprotegiendo a otras que no lo precisan.

No podemos permitirnos sobrecargar más aun si cabe a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a sus secretarios y jueces, a los abogados de oficio, tanto del turno ordinario como el de la especialidad “de género”, a los policías que acompañan a la víctima, trabajadores sociales, psicólogos, y un largo etc. Además hay que tener en cuenta los derechos de toda índole que se adquieren por el simple hecho de interponer una denuncia por agresión de una expareja (sin distinguir si esta agresión es de género o tiene otra motivacion). Y el coste que supone todo ello al Estado.

Incluso las propias mujeres catalogadas equivocademante por el sistema como víctimas de violencia de género, en muchas ocasiones rechazan (con mucho más sentido común que todos los que formamos parte del sistema) esta etiqueta y rehusan la protección policial específica, así como otros derechos, pues son conscientes de que el caso que ha originado la protección policial ha sido un caso aislado, sin precedentes y leve, como por ejemplo (caso típico y verídico) un simple empujón -mutuo además- originado por una disputa por el cuidado y/o educación de un hijo después de 5 años de separación, y que poco o nada tiene que ver con el uso instrumentalizado de la violencia por parte de algunos hombres para soguzgar a sus parejas, pero que al fin y al cabo se puede considerar una agresión, y en aplicación rigurosísima de la ley (no hay mayor injusticia) sería considerada como Violencia de Género.

Ya hemos hablado en otras ocasiones en este blog de las funciones del criminólogo, y en materia de lucha contra el maltrato se encontraba esta precisamente. Es el momento de actuar decididamente, e implementar nuevas estrategias, contando con los profesionales formados para ello, por eso siempre he defendido la existencia de criminólogos especialistas en la materia en dependencias policiales y judiciales para mejorar el sistema de protección de mujeres víctimas de maltrato, entre otras medidas que iremos concretando en otros posts.

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