Prevención

La violencia es un fenómeno que afecta a todos, no diferencia sexos, clases sociales, económicas ni culturales. Se basa en el desequilibrio de poder y se usa como medio para resolver conflictos. Es una situación en la que hay un victimario que la usa para ejercer el control y la dominación sobre sus víctimas.

La violencia intrafamiliar es una de las más comunes formas de violencia y realmente es una de las más difíciles de erradicar. Por ese motivo, es indispensable trabajar en la prevención del maltrato, no solo por las secuelas psíquicas y sociales que produce, sino también para evitar que se adopte como modelo a imitar. Si se conocen las causas del maltrato se pueden minimizar los riesgos a los que las victimas están expuestas.

Desde el punto de vista criminológico, se pueden distinguir tres niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. A continuación los desarrollaremos, indicando los aspectos más importantes en cada uno de ellos.

Prevención primaria

Consiste en hacer visible la violencia, sensibilizando a la comunidad para reducir la probabilidad de aparición del problema, potenciando los factores de protección, y transformando factores de riesgo como:

  • Roles de género.
  • Autoritarismo familiar (no necesariamente masculino).
  • Aprendizaje de la violencia: aunque ser testigo de violencia en la familia, es un factor predictivo importante en futura violencia, no tiene porque ser decisivo, es decir, las niñas que observen violencia en su núcleo familiar no tienen porque desarrollar en el future el papel de vítimas, y los niños que observen violencia intrafamiliar no tienen porque desarrollar en futuras relaciones el papel de maltratadores, todo depende de la resilencia, o la capacidad individual del niño para adaptarse y supercar momentos críticos, como puede ser una situación de maltrato.ECHEBURÚA ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculine?

En este nivel, se puede considerer cruciales dos aspectos:

  • Las campañas informativas.
  • Estadísticas oficiales.

Campañas informativas

Se llevan a cabo muchas campañas en materia de prevención de la violencia de género, es decir, aquella que lleva  a cabo el hombre sobre la mujer en la relación de pareja, por el mero hecho de ser mujer, existe incluso un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Pero no hay campañas destinadas a concienciar sobre el resto de maltratos que se producen en el ámbito familiar, esto es, violencia filio-parental, maltrato infantil, violencia sobre ancianos, y el resto de violencias en pareja (mujer-hombre y relaciones homosexuales.

Además, estas campañas que comentamos son susceptibles de ser mejoradas. Echemos un vistazo a un cuadro resumen de la evolución histórica de las víctimas mortales en materia de violencia de género (datos del OVM).

AÑO VICTIMAS

MORTALES

DENUNCIAS PREVIAS DENUNCIAS RETIRADAS QUEBRANTAMIENTO MEDIDAS CONSENTIDO DENUNCIAS TOTALES RETIRADAS
2007 71 21 3 6 12705 (10%)
2008 76 18 2 4 16100 (11,3%)
2009 56 14 1 3 16762 (12,4%)
2010 73 22 4 1 15907 (11,8%)
2011 61 15 1 3 15460 (11,54%)
2012 52 10 0 3 15559 (12,1%)
2013 54 11 1 0 11556

Datos de anuarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En este cuadro podemos observar el número de mujeres víctimas mortales por sus parejas sentimentales hombres entre 2007 y 2013, y de éstas, las que habían efectuado denuncias previas, las que las habían retirado, las que habían quebrantado de forma consentida la orden de alejamiento y las retiradas totales de denuncias en cada año.

Con estos datos se puede llegar a la conclusión de que el porcentaje de víctimas mortales que habían denunciado previamente es muy bajo, que algunas habían retirado la denuncia, y otras habían incumplido la orden de alejamiento.

También se puede observar cómo se retiran del orden del 10 al 12% de las denuncias interpuestas anualmente.

Las campañas de las que hablamos, están enfocadas casi en su totalidad y exclusivamente a alentar a las víctimas de violencia de género a interponer denuncia. Es un hecho importante la interposición de la denuncia, pues con ésta el sistema tiene conocimiento de un caso de violencia, y a partir de la misma se tomarán medidas para proteger a la víctima y evitar que el maltrato se siga produciendo.

Pero creemos que también es muy importante para poder llevar a cabo una protección efectiva de la víctima el mantenimiento de esta denuncia, como también lo es el cumplimiento de la orden de alejamiento por parte de la propia damnificada. Siempre teniendo una especial sensibilidad en estos aspectos, pues hay que tener en cuenta la situación de manipulación psicológica que sufre la víctima de maltrato.

Conclusión

Después de todos los datos aportados podemos decir que sería conveniente que las campañas de concienciación contra el maltrato tuvieran las siguientes características:

  • Actuar contra toda violencia intrafamiliar: de acuerdo con la perspectiva global contra el maltrato que estamos proponiendo.
  • Hacer pedagogía del maltrato, acotándolo, al objeto de:
  • Evitar denuncias improcedentes (y posteriores retiradas).
  • Descongestionar juzgados, y al resto de actores y recursos implicados en la persecución de VG.
  • Evitar conculcación innecesaria de derechos.

DENUNCIAS SI, PERO LAS JUSTAS, NI UNA MAS, NI UNA MENOS.

  • Potenciar confianza víctima maltrato en sistema: se puede dejar de ser víctima.

Y en concreto las campañas informativas a cerca de la violencia sobre la mujer, deberían estar encaminadas a mejorar índices de:

  • Denuncias previas (útiles).
  • Mantenimiento de denuncia.
  • Cumplimiento órdenes de alejamiento por la víctima.

Datos oficiales

En materia de información sobre maltrato, hay que hacer un análisis retrospectivo para conocer la evolución de la información facilitada a la sociedad:

Anuarios estadísticos del Ministerio del Interior

Los datos sobre violencia intrafamiliar que se han facilitado en otros apartados de esta web como en “Análisis de la normativa”, provienen de documentos oficiales como los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior. Los cuales eran de mucho valor para el estudio criminológico evolutivo del problema del maltrato. Pero el contenido de estos documentos ha ido variando con el paso del tiempo.

A partir del 2007 la estructura del anuario cambia con respecto a la que venía presentando anteriormente. En concreto el capítulo 2 (Seguridad Ciudadana) pasa a estar compuesto por sólo dos epígrafes (Seguridad  privada y, Armas y Explosivos), y de tener 139 páginas a tener únicamente 40. A este respecto y en lo que al estudio del delito de violencia doméstica y de género se refiere, resultaba de enorme utilidad la tabla nº 44 de cada anuario, que incluía el número de víctimas según sexo, tramo de edad y relación con el autor.

Así como las tablas de la 45 a la 50 que trataban las mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, las que lo eran por sus cónyuges, las víctimas mortales, y los mismos datos para el sexo masculino. Es decir se trataba la información sin sesgo de género. De las cuales se extraen los datos ut supra.

Además en ese mismo año, el anuario del Ministerio del Interior cambia su estructura y pasa de facilitar datos importantísimos en lo que a maltrato respecta, a únicamente hacer análisis evolutivos de diversos tipos genéricos de delitos. Sólo incluye datos de delito de maltrato en el ámbito familiar, pero para relacionarlos con el número total de delitos (41177 el 40,6% del total).

Y hace un análisis de mujeres víctimas en el ámbito familiar, incluyendo una diferenciación entre nacionales (37861, el 66,5%) y extranjeras (19078, el 33,5%). Por supuesto ya no hay diferenciaciones por sexo, de acuerdo con la inclusión de la perspectiva de género, que para las estadísticas obliga la LOVG.

Más tarde, en 2008 los anuarios se limitan a aportar una tasa de criminalidad comparada, y estadísticas de infracciones penales en el territorio MIR (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía). En este punto cabe hacer mención a que Cataluña desapareció de las estadísticas policiales del anuario en 2006, El País Vasco en 2007 y la Comunidad Foral de Navarra nunca llegó a integrarse. Excluyéndose prácticamente un 17 % de la población según datos del INE. Lo que dificulta aún más (si cabe) el estudio y consideración del problema del maltrato.

Con estos datos es prácticamente imposible conocer la incidencia real de delincuencia en España. Y si a ello le sumamos que muchos de los datos sobre violencia de género difieren según el órgano que los publique, por ejemplo la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de sanidad el CGPJ o el OVM, la dificultad para estudiar el fenómeno del maltrato crece sobremanera.

En 2009 y 2010 ya no hay ningún tipo de datos estadísticos sobre delitos, ni tampoco sobre violencia de género o doméstica.

En 2011 se vuelve a contabilizar delitos y faltas genéricos y en cada comunidad, como se venía haciendo anteriormente. Pero no hay referencia expresa a la violencia de género o doméstica

Esto es así porque en 2007 es el primer año que se emite el informe anual del Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer (OVM). Se deja de facilitar datos absolutos segregados por sexo sobre violencia de género o doméstica.

Así que a partir de este momento deberemos remitirnos a los informes del CGPJ, por medio del OVM  para conocer los datos sobre violencia de género y doméstica. El problema es que en este caso, las estadísticas son cambiantes también (un mal endémico del que adolece la justicia en España), variando de año en año su composición, con lo cual se dificulta el estudio del maltrato sobremanera.

El Observatorio de Violencia sobre la mujer

El informe del OVM de la edición de 2009 a su vez, cambia de estructura. Ya no facilita datos acumulados como hasta ahora, separa datos de violencia de género y violencia doméstica.

Se pasa a dedicar a la violencia doméstica únicamente 20 páginas de un total de 164 del informe. Y el resto a la violencia de género. Ésta será la tónica a partir de este año.

Ya no se facilitan datos sobre muertes de menores en el ámbito familiar, ni de mujeres y varones muertos por violencia doméstica que no sean dentro del ámbito de la pareja.

No se facilitan datos sobre los agresores (sexo, relación con la víctima, nacionalidad), o número de denuncias previas en caso de muerte por violencia doméstica (salvo denuncias por casos de violencia doméstica con resultado de muerte de un varón a manos de su pareja).

De lo que también se informa es de las denuncias de violencia de género presentadas por las agresoras de los varones muertos.

A partir de esta fecha los informes sobre violencia doméstica sólo presentarán la siguiente información:

EVOLUCIÓN DE VARONES MUERTOS A MANOS DE SUS PAREJAS

AÑO PAREJA VARÓN PAREJA MUJER TOTAL HABÍA DENUNCIADO LE HABÍAN DENUNCIADO
2009 1 9 10 0 2
2010 1 6 7 0 1
2011 2 5 7 0 1

Es decir, a partir de 2009 (incluido) no se conocen cuántos menores mueren en el ámbito doméstico, ni la identidad de sus agresores, a no ser que se dé un caso de violencia de género, y el padre los haya asesinado después de haber matado a su mujer.

No conocemos los datos de varones ni mujeres muertos en el ámbito doméstico. Lo que podría facilitar la comprensión global del problema del maltrato y su estudio.

Del estudio de los anuarios del Ministerio del Interior y los informes del CGPJ y el OVM, se puede extraer las siguientes conclusiones:

  • Que paulatinamente se han ido sustrayendo datos sobre la violencia en el ámbito de la familia, haciendo que todos los informes o estudios oficiales sobre el maltrato versen en su práctica totalidad sobre la violencia de género.
  • Se deja de informar sobre el problema del maltrato en su globalidad, lo que afecta a la percepción de la opinión pública sobre el asunto, minorando la importancia del resto de casos de maltrato intrafamiliar.

Hay que reseñar que es dificil de entender que no se informe adecuadamente sobre todos los tipos de maltrato, sobre todo despues de que españa haya firmado (y ratificado recientemente) el 11 de mayo de 2011 en Estambul, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, el cual, en su artículo 11 habla de la Recogida de datos y estadísticas, apoyo a la investigación y realización de encuestas en todos los tipos de violencia que reconocidos por el propio convenio en el ámbito familiar (doméstica, sobre la mujer).

Prevención secundaria

Se efectúa sobre la población que está en riesgo, en peligro de ser maltratados detectando precozmente el problema, interviniendo rápida y eficazmente, incluyendo la reconversión de los recursos profesionales.

Existen innumerables guías y protocolor para la detección de la violencia de género en varios ámbitos, como el policial, el educativo, y el sanitario. También exiten guías para la detección del maltrato infantile, pero todavía no se han desarrollado guías de detección de maltrato a padres, ancianos, y en el ámbito de la pareja en todas sus manifestaciones.

Es imprescindible trabajar en esta dirección en materia de prevención global del maltrato, potenciando los recursos a erradircar todo tipo de maltrato en el ámbito familiar.

Prevención terciaria

Está dirigida a aquellos que ya son victimas de violencia. Se ocupa de crear y aplicar programas que protejan a quienes la padecen con el fin de evitar que se cronifique. Se interviene en la rehabilitación de la victima o “sobreviviente” y en la reeducación del agresor para evitar la reincidencia, al que, como puede observar, hemos dedicado un apartado individualizado por lo importante que puede llegar a ser para prevenir la violencia.

Derechos de las víctimas de violencia de género

Como se observa en otros apartados de esta web, en la LOVG se reconocen una serie de derechos a la mujer víctima de violencia de género, que son esenciales para conseguir su vuelta a la normalidad social, y abandonar su condición de víctima:

  1. Asistenciales y preventivos:
    • Información.
    • Asistencia social integral.
    • Asistencia jurídica gratuita.
  2. Laborales:
    • Reducción o reordenación del tiempo de trabajo
    • Movilidad geográfica.
    • Suspensión temporal de la relación laboral (contando como tiempo trabajado).
    • No computar faltas de asistencia.
  3. Sociales:
    • Suspensión temporal obligación cotización (trabajadoras cuenta propia).
    • Prestación por desempleo (aún resolución voluntaria contrato).
    • Bonificación cuotas SS empresas contraten a víctimas.
  4. Económicos:
    • Ayuda de pago único.
    • Acceso prioritario a vivienda social.
    • Pago pensiones alimenticias garantizado.

Así mismo, se establecen las siguientes medidas judiciales de protección:

  • Orden de protección.
  • Protección de datos personales de víctima y personas a su cargo; y limitaciones a la publicidad.
  • Medidas de salida del domicilio del inculpado, prohibición de aproximación (víctima, domicilio, lugar de trabajo) y/o suspensión de comunicaciones. Uso de pulseras GPS.
  • Medidas de suspensión de patria potestad o custodia de menores, y régimen de visitas.
  • Medida de suspensión derecho a tenencia de armas.

Sin embargo, un hombre amenazado, un niño o  un anciano maltratados, también merecen un seguimiento de su situación, así como las ayudas sociales que precisen (de acuerdo con sus circunstancias personales) para dejar de ser víctima y poder vivir una vida social plena.

Si hablamos desde el punto de vista psicológico, la recuperación de la víctima debe ir encaminada a tratar los efectos secundarios derivados del maltrato sufrido, como el posible estrés postraumático (continua evocación del suceso), las depresiones, las conductas de evitación que limita la vida de la víctima, el embotamiento emocional que impide relacionarse con otros, los estados de hiperactividad o alerta y el consecuente déficit de autoestima.

Se debe potenciar la red de apoyo social e institucional a la víctima para que no se sienta abandonada en ningún momento del proceso de superación del maltrato.

Pero creemos que en el extremo opuesto del problema no se está trabajando adecuadamente, pues poco se hace en materia de reeducación de los maltratadores para evitar que continúen siéndolo, para llevar a cabo esa prevención terciaria de la que hablábamos anteriormente.

Rehabilitación de maltratadores

Introducción

El agresor es el principal actor en el maltrato, pues es el origen del problema y el que hace posible que existan víctimas, pero paradójicamente, es la variable que menos recursos recibe para ser neutralizada, lo que a priori parece bastante incongruente.

La actual estrategia contra el maltrato, focalizada principalmente en erradicar el cometido por el hombre sobre la mujer en relaciones de pareja, como manifestación de las relaciones de poder de ambos sexos (definido como “Violencia de Género”, por la ley Orgánica 1/2004 de medidas integrales para la protección de las víctimas de Violencia de Género), no va más allá de un conjunto de medidas punitivas fundamentadas en la denuncia y el aumento de penas a los maltratadores. Originando inconvenientes, a saber:

  • Técnicos, como la masificación de las prisiones, o unos elevados gastos en vigilancia y seguridad. España es el país de Europa con mayor tasa de antecedentes por violencia contra la mujer.
  • De restricción de derechos fundamentales de los implicados en el maltrato.[1]

El tratamiento. Una nueva estrategia

Esta forma de confrontar el problema resulta ineficaz si se atiende a sus resultados, pues no se ha conseguido reducir el número de mujeres muertas por maltrato en pareja, ni tampoco sus tasas de denuncia (que van en aumento).

Ello es debido a que, ni la mera imposición de pena de prisión, ni la agravación de ésta por actos violentos cometidos sobre la pareja, por si mismos son garantía de que se reduzcan las agresiones, si no van acompañados de otras medidas complementarias como la intervención con maltratadores, es decir, el sometimiento a programas de tratamiento psicosocial encaminados a modificar su conducta violenta.

Esta solución se viene poniendo en práctica a condenados por delitos de violencia de género desde el año 2004 con la entrada en vigor de la LOVG, que reforma el artículo 83 del CP, condicionando la suspensión de la pena de prisión al cumplimiento de las obligaciones de no acudir, residir, aproximarse o comunicarse con la víctima o aquellos familiares o personas que se determinaren, y la sujeción obligatoria (de imposición preceptiva por los jueces) a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico.

Una solución del legislador bastante lógica, pues normalmente el acto que desencadena el inicio de un procedimiento judicial por violencia de género, es una disputa en la que se producen agresiones, y no parece posible que la imposición de una pena privativa de libertad de corta duración (de 6 meses a un año) que raramente supone el ingreso en prisión, consiga que el implicado modifique su actitud.

Pero incluso si el condenado, por diversos motivos (reincidencia, pena superior a dos años, etc.) tuviese que entrar en prisión, tampoco se lograría su resocialización, máxime teniendo en cuenta el estado de las prisiones españolas, que tras el paso por las mismas dejan como principal secuela el deterioro de la personalidad del individuo, antes que su reinserción.

Además, estos ingresos penitenciarios pueden resultar indirectamente contraproducentes para la protección de la víctima, pues la propia pena podría originar un resentimiento y ánimo de venganza en el condenado (inexistentes antes de su imposición), que a la salida del centro penitenciario podría llegar a cometer hechos delictivos de mayor gravedad que los que originaron la condena (y con cuyo castigo se intentaba evitar que se reprodujesen).

Intervención con sujetos en interior de prisión y fuera de ella.

La intervención con el maltratador se puede llevar a cabo hallándose el individuo en libertad, como medida de obligado cumplimiento alternativa a la prisión (suspensión de la pena prevista en los artículos 80 y ss. CP.), o en el interior del centro penitenciario, como medida voluntaria para el acceso a determinados beneficios penitenciarios (tercer grado, permiso de salida, etc.).

Todos los presos verán la calle antes o después, por lo que es muy importante trabajar con ellos para reducir su riesgo delictivo futuro. Según el artículo 25 de la Constitución Española, la pena debe cumplir una función resocializadora que no se puede negar a ningún autor de delito. Por muy reprobable que fuere el delito cometido, todo delincuente tiene derecho a la reinserción.

Parece incongruente que se ligue la suspensión de la ejecución de la pena a la realización del curso psicosocial con la finalidad de modificar la actitud violenta del condenado, y sin embargo, una vez dentro de prisión los reclusos no sean sometidos a tratamiento específico (distinto del genérico ofrecido), a no ser que se presten voluntariamente a ello. Este es un aspecto que se debería replantear en sucesivas reformas de la normativa contra el maltrato.

Características del tratamiento. Beneficios e inconvenientes.

Tratar a un agresor no significa considerarle “no responsable” de sus actos. Muchos agresores aunque responsables de sus conductas, presentan distorsiones psicológicas importantes que pueden haber influido en la conducta violenta, y que pueden ser solucionadas mediante tratamiento.

Por su carácter preceptivo para eludir la pena de prisión, no se puede considerar que el tratamiento del condenado sea un resquicio a disposición del agresor para escapar de su responsabilidad penal. Al contrario de lo que se puede suponer, hace más gravoso el cumplimiento de la condena que en el caso de otros delitos, en los que como norma general, se sigue suspendiendo la pena sin otros requisitos que los genéricos (delincuente primario, pena no superior a dos años y satisfacción de responsabilidades civiles), sin el sometimiento a dicho tratamiento.

Por otra parte, hay que decir, que es un error contraponer las ayudas a la víctima y el tratamiento del maltratador, con el argumento de que hay que destinar todos los recursos sociales y económicos a las primeras. No estamos hablando de limitar la asistencia a la víctima, sino de optimizar recursos para obtener mejores resultados, pues está demostrado que la intervención con el agresor comporta una serie de beneficios que a la postre, redundan positivamente tanto en la víctima, como en el actual y futuro entorno del maltratador, entre ellos los siguientes:

  • Con el tratamiento del agresor, se puede conseguir evitar que la violencia se extienda al resto de los miembros del hogar.
  • Se puede poner fin a la perdurabilidad de la actitud violenta del maltratador. Si se produce la separación de la maltratada, se puede afirmar que existe un alto grado de probabilidad de que el comportamiento continúe después de la relación, o que se reproduzca en futuras relaciones con otras mujeres, si no existe un tratamiento.
  • Puede significar la rotura de la cadena de transmisión intergeneracional de la violencia (de padres a hijos), en los casos que ésta tenga como origen la imitación del comportamiento violento observado.
  • Supone una suerte de resarcimiento moral por reparación simbólica, y el empoderamiento institucional de la víctima porque el victimario está obligado a hacer los cursos de reciclaje.

Además, el éxito de estos tratamientos (contrariamente a la percepción social mayoritaria), es relativamente satisfactorio. Un estudio longitudinal llevado a cabo durante 10 años (1997-2007) por Enrique Echeburúa, analiza la evolución del seguimiento de un tratamiento cognitivo-conductual de 20 sesiones, sobre 196 individuos maltratadores graves (que ejercían una violencia física y psicológica crónica contra la pareja), y arroja los siguientes resultados:

  • De todos los participantes en el programa terapéutico, el 55% lo completaron.
  • Un 88 % de los participantes que completaron el programa, no vuelven a recaer en su comportamiento violento.
  • El 45% lo abandonaron prematuramente, especialmente en la primera mitad de la intervención psicológica (especialmente entre las primeras 3 y 5 sesiones).

La Audiencia Provincial de Alicante también está desarrollando un programa de intervención con condenados por violencia de género, cuyas tasas de éxito (no recaída) en los 6 primeros meses (tras el paso de los cuales sin recaer en la conducta intervenida, se considera que se ha interiorizado el comportamiento adecuado aprendido), son muy similares a los del estudio de Echeburúa.

Según informa Vicente Magro (Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante), en esta última década se han atendido, a través de dicho cursos, a 2.640 condenados por violencia de género. Del total de maltratadores que han participado en este programa en los diez últimos años, únicamente 64, lo que supone el cinco por ciento, han reincidido, la mayoría de ellos por vulnerar la orden de alejamiento sobre la víctima, en ningún caso, el delito asociado a la reincidencia había sido por violencia grave u homicidio.[2]

El tratamiento como solución global al problema del maltrato intrafamiliar

Con los datos ofrecidos sobre reincidencia post-tratamiento en condenados por delitos de violencia de género, podemos considerar que el tratamiento del maltratador puede ayudar en gran medida a la solución de una situación de violencia. Por lo que no se entiende qué llevó al legislador a eliminar el requisito del sometimiento a cursos de rehabilitación para condenados por delitos de violencia doméstica para la suspensión de la ejecución de la pena.

Pensamos que lo que funciona en la erradicación de la Violencia de Género, podría también ser útil para la erradicación de la Violencia Doméstica. En este sentido hay que decir que desde el año 2006, la Audiencia Provincial de Alicante está llevando a cabo un programa de intervención con personas violentas en el ámbito doméstico, pero con sometimiento de carácter voluntario, por lo que tienen menor concurrencia, y los resultados son también satisfactorios.

Entonces, atendiendo a los resultados, ¿Qué impide que se lleve a cabo en una especie de estrategia global contra el maltrato, un plan para la intervención con condenados por delitos relacionados con este ilícito, como uno de los pilares fundamentales de esta estrategia?

Esta intervención se fundamentaría en la creencia de que la etiología del comportamiento violento en el ámbito de la familia es multifactorial (distorsiones cognitivas, trastornos del comportamiento y psicopatologías), por lo que creemos  que la intervención con el maltratador debería presentar las siguientes características:

  1. Perspectiva integral. Ya que consideramos que la conducta violenta tiene etiología multifactorial, parece lógico tratar las distorsiones mencionadas. Pues sólo considerando cada uno de estos aspectos podremos obtener mayor influencia en las intervenciones con maltratadores.
  1. Individualizado para cada tipo de maltratador,  de acuerdo con los motivos concretos que han influido en la conducta violenta. Teniendo en cuenta:
  1. Especificidad de cada agresor: No todas las personas tendrán las mismas distorsiones cognitivas, algunas presentarán trastornos del comportamiento y otras no, unas tendrán trastornos mentales y otras no. Por lo tanto no todas precisarán del mismo tratamiento para evitar que se reproduzca el comportamiento violento.
  1. Especificidad de cada caso: De acuerdo con el modelo propuesto de erradicación del maltrato desde una perspectiva global, no sería lógico que únicamente, y en todos los casos, tratásemos las distorsiones cognitivas relativas a los roles de sexo, pues de nada serviría en los casos de maltrato a ancianos, o violencia filio-parental, por ejemplo.
  1. Desde una perspectiva no únicamente “de género”. Pues de esa forma se tratarían únicamente las distorsiones cognitivas relacionadas con los roles sexuales en la pareja, dejando sin tratar los trastornos del comportamiento y de la personalidad que pudiera sufrir el implicado en cada caso.

Proponemos un tratamiento al maltratador no únicamente desde una perspectiva de género, pues hablamos de un tipo de intervención aplicable a cualquier maltratador existente en el ámbito de la familia, de acuerdo con la aproximación global al maltrato propuesta, es decir varón o mujer que maltraten a pareja, hijos, padres o ancianos.

Por eso cuando hablamos de víctima y agresor, no nos referimos necesariamente a mujer y hombre respectivamente, pues estamos hablando en abstracto, y entenderemos por víctima al sujeto pasivo del delito, y por agresor al sujeto activo, independientemente del sexo del mismo. De acuerdo con el modelo que estamos exponiendo

[1] ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? Enrique Echeburúa y Santiago Redondo.

[2] http://www.laverdad.es/alicante/201407/11/solo-maltratadores-acuden-reeducacion-20140711162117.html

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