Desde que en 2014, y tras un repunte en los casos de violencia de género, se anunciara en una reunión interministerial (Interior, Justicia y Sanidad) que se iba a cambiar el protocolo para la valoración del riesgo y atención a las víctimas de violencia de género, muchos esperábamos su materialización, y definitivamente se ha llevado a cabo.

Recientemente se ha aprobado la Instrucción 7/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas, que viene a sustituir a la anterior instrucción 5/2008.

Son muchas las novedades técnicas que la nueva instrucción introduce con respecto a la anterior, como pueden ser, el aumento de ítems para la determinación del nivel de riesgo de una víctima de violencia de género, totalmente insuficientes en el protocolo anterior para hacerlo con un mínimo de rigor, como ya comentábamos en este otro post de este blog,  quedando establecidos en 39 de vulnerabilidad agrupados en factores (teniendo en cuenta factores históricos), frente a los 16 anteriores.

Otro de los aspectos relevantes es la definitiva consideración de los hijos menores de las víctimas de violencia de género como víctimas de esta violencia, respondiendo a la histórica reclamación por parte de algunos sectores, por lo que podrán acogerse a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III de la LOVG.

Otro de los puntos a reseñar es la individualización del tratamiento a cada víctima de violencia de género. Buscando la participación activa de la propia víctima, acorde con sus necesidades especiales de protección y de los menores que de ella dependan, proporcionándose un plan personalizado de seguridad, con medidas de autoprotección, que se obtendrá directamente del Sistema VioGén, fundamentándose en recomendaciones tasadas de acuerdo a cada nivel de riesgo.

También se establece unos criterios de actuación común en cuanto a la determinación de la situación de cada caso, los niveles de riesgo “bajo”, “medio”, “alto” y “extremo”, implicarán que el caso permanezca en la situación de “activo” (salvo muerte de víctima o agresor, renuncia a la protección o salida al extranjero de la víctima). Seguirá también en situación activa el caso que tenga aparejado un nivel de riesgo de no apreciado pero en los que la víctima disponga de una orden de protección (algo aun no establecido reglamentariamente).

Se establece como obligación la realización de una VPER (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo) después de la vista de la Orden de Protección, antes de la cual se contactará con la víctima para informarle de los recursos asistenciales de los que dispone y, en el caso de que se le haya otorgado Orden de Protección, Alejamiento u otras medidas cautelares, del alcance y efectos de la mismas, así como de su plan personalizado de seguridad. Algo que parecía de sentido común, pues la anterior obligación no iba más allá de entregarle a la víctima un mamotreto de hojas el mismo día de la presentación de la denuncia donde se explicaban todos estos extremos, y que como ustedes comprenderán, por la dificultad del momento ninguna se leía, contribuyendo a su victimización secundaria.

Estas VPER tendrán dos modalidades, CON INDICENCIA (por nueva denuncia, quebrantamiento de medida o ampliación de información), y SIN INCIDENCIA o periódica, en donde ya se determina que en el nivel de riesgo “no apreciado” con Orden de Protección en vigor se deberá llevar a cabo la VPER antes de los sesenta días.

También se armonizan criterios al establecer la forma de actuar en caso de que una víctima que ya se encuentre en el Sistema VioGén en situación de “inactivo” presente una nueva denuncia contra el mismo agresor o se produzca una nueva resolución judicial, en ese supuesto se reactivará el citado caso, realizándose una nueva VPER. Y si la víctima que ya se encontrase en el Sistema VioGén, en cualquier situación, presentase una denuncia contra un nuevo agresor, se activará un nuevo caso, cumplimentándose un nuevo formulario VPR.

En cuanto al tema de las medidas de autoprotección, como ya se ha indicado en otros posts de este blog, creemos que son fundamentales para llevar a cabo una adecuada prevención del delito al reducirse las oportunidades de que se lleve a cabo, como ya comentaban FELSON y CLARKE.

Este aspecto es de lo más acertado en toda la Instrucción, pues creo que no hay verdadera protección sin la participación de la propia víctima. De hecho, no se puede proteger a una persona que no quiere ser protegida o no colabora en su protección, y en este sentido, la concienciación que supone facilitar a la víctima esta información es importantísima.

En anterior post de este blog, ya aconsejábamos informar a las víctimas de este tipo de medidas, y establecíamos unas muy similares a las que ahora propone el nuevo protocolo. Además, en la actualidad, como integrante de SECrim (Sociedad Española de Criminología), he propuesto dentro de un conjunto de alegaciones presentadas al Proyecto de Orden de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se configura la Red Pública de Atención Social Integral a las víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana, dirigidas al Servicio de Prevención de la Violencia de género y Atención a las Víctimas, la creación de un plan formativo a las mujeres víctimas de violencia de género usuarias de estos recursos con el fin de favorecer su recuperación personal, y como refuerzo para evitar una posible revictimización. Entre cuyo contenido se encuentra la información a las mujeres víctimas de violencia de género de medidas de autoprotección, derechos de las mujeres maltratadas, el alcance de la orden de alejamiento y las medidas policiales de seguimiento de víctimas, que como veis, ahora se contemplan en el nuevo protocolo que estamos analizando.

No es casualidad (más bien sentido común) que por fin la Secretaria de Estado de Seguridad haya tenido a bien implantar estos extremos como obligaciones a los agentes encargados de la protección de las víctimas de violencia de género.

En cuanto a ampliar este plan a los Centros de Acogida de Mujeres maltratadas de la Comunidad Valenciana que proponemos, esperamos que desde la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana se aprecien nuestras alegaciones y se amplíe este plan informativo a estos recursos.

 

 

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