El pasado lunes 15 de junio se encontró fallecida en San Antonio (Ibiza) a la pareja de un condenado a trabajos en beneficio de la comunidad por maltrato a su exmujer. Hay que decir que en la actualidad se sigue investigando el suceso, y parece que la investigación ya no se centra en la pareja sentimental sino que ha cambiado de rumbo hacia otros derroteros.

Pero lo más significativo, y motivo del presente artículo, es que debido a que en un primer momento se clasificó este homicidio como violencia de género, se planteó por parte de algunas personas, como el ex delegado para la violencia de Género Miguel Lorente Acosta, la posibilidad de crear un registro de maltratadores para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a producir. “Un registro al que puedan acceder las mujeres que tuviesen sospechas de sus nuevas parejas”.

Lo primero que hemos de decir es que en la actualidad este tipo de registro ya existe, aunque es de carácter confidencial, se trata del fichero de datos de carácter personal “Violencia de género y doméstica” del Ministerio del Interior, creado de acuerdo con la Orden INT/1911/2007, en el que se inscribe tanto a las víctimas como a las personas incursas en procedimientos judiciales e investigaciones policiales por hechos relacionados con la violencia doméstica y de género. En él se incluyen datos sobre antecedentes e infracciones penales y datos identificativos recabados de denuncias, atestados y resoluciones judiciales y penitenciarias. Pudiendo acceder al mismo los órganos judiciales de orden penal y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial, la Dirección General de Instituciones penitenciarias y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y Doméstica.

En él se inscribe a los denunciados por violencia de género en calidad de maltratador, y contrariamente a lo establecido en la norma que lo regula, no se les está retirando de oficio del mismo aunque sean absueltos por el tribunal correspondiente, siendo necesario de facto para ello formular solicitud a petición de parte del interesado.

Suponemos que a lo que se refiere el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género a tenor de sus palabras en artículo publicado en el periódico El Mundo es que dicho registro, o uno con información similar, sea de acceso público para que mujeres antes de formalizar una relación con una nueva pareja puedan conocer si éste tiene antecedentes por violencia de género.

Mi opinión particular es que ésta es una decisión demasiado seria, por las implicaciones que conlleva, como para ser tomada al calor de una nueva, y deplorable, víctima mortal femenina.

Creo que este tipo de decisiones en materia de prevención se deben tomar desde un punto de vista científico-criminológico, pero también atendiendo a otros factores, como las implicaciones legales, el respeto a los derechos de todos los implicados, condiciones de equidad (una vez más), consecuencias sociales de la medida, etc.

Todo ello enmarcado dentro de una estrategia de política criminal contra el maltrato estudiada, planeada y acordada con sosiego, no tras la comisión de un asesinato, o de lo contrario estaríamos legislando a golpe de titular, como ocurre en la mayoría de ocasiones en materia de violencia de género, y como puede pasar, y pasa, no hay mejor ejemplo que el caso que nos ocupa, nos equivoquemos.

Lo primero que se plantea cuando pensamos en dotar de publicidad a este fichero para prevenir el maltrato, es un conflicto entre los derechos de los implicados, como son el derecho a la intimidad y a la propia imagen del condenado por maltrato, y el derecho a la vida e integridad física de la víctima.

De partida hay que decir que los condenados por violencia de género tienen bastantes derechos limitados, como el derecho a la libertad deambulatoria, tanto en las órdenes de alejamiento de la víctima y prohibición de aproximación a determinados lugares, como en su vertiente más extrema en las penas de prisión. Cierto es que en la mayoría de casos esta pena se suspende con la condición de la realización obligatoria de un curso de reeducación de maltratadores, lo cual también mina la libertad del condenado (imaginen cuántos de los condenados eligen no hacer este curso y entrar en prisión). También tienen la obligación de portar medios telemáticos de control de movimientos, como pulseras GPS (solo en los casos más graves); la salida del domicilio; la prohibición de comunicación con la víctima; la prohibición de tenencia y uso de armas, etc. además de las medidas civiles.

El hecho de dotar de carácter público al registro de maltratadores supondría una mayor limitación de los derechos de los condenados. Pero en la contraparte se encuentra la vida de mujeres, lo cual merece que se adopten medidas de protección eficaces.

En definitiva, entramos en la continua lucha de la libertad en contraposición a la seguridad, discusión muy manida que se escapa al objetivo del presente artículo.

Pero no descartemos de inicio la posibilidad planteada, y analicemos todas sus implicaciones. Ese será el objetivo del presente artículo. Desde esta óptica, habría que empezar por considerar el contenido de dicho registro al que pudieran tener acceso las mujeres en la forma planteada también es susceptible de discusión ¿Qué partes del mismo habría que hacer públicas? ¿Los denunciados? ¿Los condenados?

Si pensamos que los primeros, es decir, hacer público el registro de denunciados, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que la mayoría de las denuncias por delitos de violencia de género vienen como consecuencia de actos leves como puede ser el maltrato de obra sin causar lesión del artículo 153 CP que abarca desde un bofetón, un empujón, el mero acometimiento, hasta un forcejeo, etc.; así como el quebrantamiento de medida cautelar (recordemos que dichas medidas no son todavía condenas y están basadas en indicios racionales aún no probados) del artículo 468 CP, como vemos en la tabla a continuación:

TIPO DE DELITOS INSTRUIDOS EN LOS JVM (JUZGADO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER).

En este sentido, creemos firmemente que el hecho de haber cometido un delito determinado, no convierte al que lo cometa en un criminal (en términos generales). Y en violencia de género igual. Haber sido condenado por un único delito de maltrato no convierte al que lo perpetre en un maltratador.

Decimos esto porque hay que tener en cuenta que actos delictivos como los castigados en el artículo 153 CP, no tienen por qué estar incardinados necesaria e indiscutiblemente en una conducta estructurada de control y subordinación de la mujer (lo que entiende por violencia de género la LOVG 1/2004 en su artículo 1º) pues pueden ser consecuencia por ejemplo de una agresión mutua en la que al varón se le juzgue por violencia de género y a la mujer por violencia doméstica, o pueden ser un caso aislado de maltrato de obra que no esté inmerso en una situación cronificada de control que indefectiblemente termine con la muerte de la mujer (que suponemos que es lo que se quiere evitar con la publicidad de este registro), o incluso pueden ser actos que no tengan que ver nada con la condición de mujer de la víctima, como podría ser el caso de un hombre que agrediera a su mujer por llevar a la empresa de ambos a la ruina. Siendo que todos ellos se castigan de hecho como violencia de género y susceptibles de ser publicados en el registro que estamos analizando.

Además habría que tener en cuenta las denuncias falsas presentadas (escasas desde el punto de vista oficial) en violencia de género, así como el escaso índice de condena de estos delitos y faltas instruidos, debiéndose excluir del registro a los implicados en procedimientos sobreseídos y a los absueltos.

Por ejemplo, en el año 2012 se dieron las siguientes cifras (nada desdeñables) de sobreseimientos de procedimientos por violencia de género en los JVM:

Para un total de 147.544 procedimientos, de los cuales 10.824 serían faltas y 136.720 delitos.

*El resto de órganos judiciales competentes, presentan los siguientes datos de terminación de procedimientos. Los cuales también poseen una elevada cifra de sobreseimientos:

Si lo que proponemos es que se de publicidad de los condenados por violencia de género ¿qué datos serían de uso público? ¿La primera sentencia condenatoria o la sentencia firme después de los eventuales recursos?

Si permitiésemos que se conociera directamente los condenados en primera instancia por maltrato estaríamos privándoles de su derecho al recurso judicial para demostrar su inocencia. Y si facilitásemos datos de condenados en sentencia firme por maltrato, teniendo en cuenta la tardanza de los órganos judiciales en resolver los recursos, la publicación de este dato perdería la utilidad que se le quiere dar, pues al condenado ya le habría dado tiempo a volver a encontrar pareja sin que ésta supiera de sus antecedentes violentos.

Como vemos, se plantean muchos problemas en cuanto al contenido del fichero.

De cualquier forma, habría que valorar muy seriamente otras implicaciones, como las repercusiones sociales de la publicidad de dicho registro en la vida de estos varones denunciados o incluso de los condenados inscritos en él, pues ello conllevaría un inevitable escarnio público que les alejaría de la sociedad antes que reinsertaría, lo que es contrario al mandato constitucional establecido en el artículo 25 CE, por lo que creo que esta medida sería contraproducente. En lugar de ello deberíamos trabajar para resocializar al maltratador, y no apartarlos de la sociedad.

Y además esta medida alentaría su etiquetamiento como maltratadores, lo cual también es contraproducente para la lucha contra el maltrato, pues muy probablemente estos individuos adoptarán, de acuerdo con la teoría del etiquetamiento, el rol que la sociedad espera de ellos, y se comportarían como tales, justo lo contrario de lo que se debiera pretender. Este es un error que no nos podemos permitir.

O sea, que esta medida sería mala para la imagen de los hombres condenados por maltrato a los ojos de la sociedad y a sus propios ojos.

Finalmente, he de decir que si lo que se persigue con esta medida es la prevención del maltrato a la mujer y evitar que se produzcan víctimas mortales, con este mismo argumento se podría (y debería) exigir la creación de un registro público del resto de sujetos activos de maltrato en el ámbito de la pareja, es decir, de mujeres que maltraten a hombres, así como de los responsables de maltrato en relaciones homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Para evitar todos estos maltratos y muertes derivados de éstos, que aunque en menor medida que el maltrato de género también se producen. Y siguiendo este argumento ¿por qué no crear un registro de personas que maltratasen a sus hijos? para que los separados que rehiciesen su vida tuviesen conocimiento de con quién se “juntan” y dejan a sus hijos, en caso de tenerlos.

La prevención del maltrato se puede, y debe, ejercer desde otro punto de vista, como las campañas informativas de sensibilización, la detección precoz del maltrato. Quizá deberíamos focalizar nuestros esfuerzos en la protección efectiva de la víctima a través de otros recursos como la mediación, la rehabilitación del delincuente, o la dedicación de más medios humanos destinados a garantizar la seguridad de las víctimas.

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